Desde el Concejo Municipal piden que se apruebe una ordenanza para adherir a la ley provincial 12.697 de Niñez, la cual en 2009 se hizo eco de la norma nacional 26.091 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La impulsora del proyecto es la edila Carola Nin, del bloque Compromiso por Rosario, quien explicó que el proyecto presentado en el Palacio Vasallo busca la creación en la ciudad del Servicio local de protección y promoción de los derechos de la infancia con el fin de aunar, en pos de los más pequeños, el trabajo de las áreas de gobierno Salud Pública, Cultura y Educación y Desarrollo local.
“La adhesión a la ley provincial fue anunciada por la intendenta Mónica Fein durante su discurso de apertura de sesiones del Concejo a comienzos de este año, comprometiéndose así a fortalecer el programa educativo infantil en los centros de convivencia barrial y otras entidades territoriales. Sin embargo, aún no ha habido avances al respecto”, lamentó Nin, quien además recordó que desde el Ejecutivo no respondieron un pedido de informe sobre el tema, elevado desde el bloque que integra en septiembre de 2015.
La edila consideró que el proyecto “no se trata de algo menor”, si se tienen en cuenta las distintas situaciones por las que atraviesan día a día niños y adolescentes, en especial aquellos que cuentan con menos recursos y son víctimas de maltrato, abusos, falta de atención médica o que atraviesan problemas con la ley por diferentes motivos.
Objetivos de la ordenanza
Según señaló Nin, entre algunos de los objetivos de la norma local se cuentan la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad, los cuales están reconocidos en la Carta Magna, como también en tratados internacionales.
Otro de los ejes del proyecto de ordenanza es que el Estado municipal se involucre activamente en la puesta en marcha de políticas públicas necesarias para cumplir con el objetivo de las leyes y tratados mencionados, mediante la articulación junto a las áreas provinciales que abordan la temática.
En este sentido, como parte del sistema propuesto, la edila indicó que el Servicio Municipal de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes funcionaría en el ámbito de la Secretaría de Gobierno de manera centralizada y prestaría, además, servicio en cada Centro Municipal de Distrito (CMD).
Finalmente, Nin recordó que “otras localidades de la provincia lo tienen implementado como Villa Constitución, Las Parejas, Firmat y Venado Tuerto, motivo por el cual no se entiende cual es la imposibilidad para que una ciudad como Rosario, con los recursos y antecedentes en la materia con los que cuenta, aún tenga esta deuda pendiente».
Sobre la ley provincial de protección de los niños
La norma 12.697 de Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes fue aprobada por la Legislatura provincial en 2009 y consta de 74 artículos concordantes con la norma nacional 26.061.
Tal como solicita la concejala Carola Nin en su proyecto, la ley provincial establece la formación de un sistema de promoción y protección integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes que deberá conformarse por distintos organismos públicos y organizarse a nivel local, en conformidad con su ámbito de actuación territorial.
“La distribución de competencias no puede ser obstáculo para la asistencia inmediata en situaciones de riesgo para la vida o la integridad personal de la niña, niño o adolescente y la tramitación ante la autoridad que corresponda”, señala la ley.
En tanto, la norma también establece que se debe brindar a niños, adolescentes y a su grupo familiar, servicios especializados en la atención de situaciones de calle, maltrato, abuso, explotación, prostitución, consumo de sustancias. Además, considera puntualmente de población de riesgo a aquellos menores que atraviesan procesos penales o cualquier otra situación que implique la violación de sus derechos.
Atento a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por lo general los niños, la norma provincial ordena a que “toda persona que tenga conocimiento de actos que afecten la vida o la integridad física y psíquica de una niña, niño o adolescente tiene el deber de comunicarlo a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos en el ámbito local o a otra autoridad competente”. Es por ello, que Nin apeló a la necesidad urgente de que el Concejo adhiera a la ley provincial, con el fin de que funcione en la ciudad el sistema previsto en dicha norma.
