Por Concejalas y concejales del Bloque Nacional y Popular (*)
Hay una certeza que se replica en el planeta: el neoliberalismo (y sus versiones salvajes, despiadadas e inhumanas), termina en el mismo camino: deuda impagable, represión al pueblo, entrega de la soberanía, ajuste, desocupación, hambre, restricción de derechos y muerte.
Chile, por décadas, fue el ejemplo con el cual los neoliberales locales, sus socios de la aristocracia y cierta burguesía cómplice, daban cátedra sobre qué se debía hacer en nuestro país. Hoy, las desigualdades, la falta de una regulación por parte del Estado, la privatización de servicios (educación, salud, tarifas, jubilaciones, entre tantos otros), llevan a un escenario de conflictividad social con decenas de muertos, heridos y detenidos.
Las protestas iniciales contra el aumento del Metro, se transformaron en un estallido social que refleja el descontento de la sociedad chilena por los sueldos miserables, pensiones indignas, salud y educación de mala calidad y endeudamiento.
El presidente Piñera declaró el domingo que su país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”, luego de habilitar la intervención militar para controlar las protestas. Una fórmula repetida de la derecha: ajuste es igual a represión. Represión es igual a enemigo interno. Enemigo interno es igual a «sujeto carente de derechos».
Un escenario que ya conocimos en Argentina en el 2001 y es ese sentido, es increíble el esfuerzo que los grupos de poder oligopólicos por separar las recetas del macrismo con el ahora incendiado Chile, pese a que por años fue «su Norte».
Todo ello, y la situación en Ecuador, llevó a muchos analistas a pensar por qué, pese a la brutalidad de los ajustes de Macri, éstos episodios no se registraron en nuestro país. La respuesta es simple: el kirchnerismo dejó una profunda cobertura social que no logró romper del todo el neoliberalismo del PRO y su aliados radicales. Por otra parte, la siempre posible vuelta/retorno del peronismo al poder, sembró de esperanzas las broncas. Esos dos factores, quizás, y una coherencia discursiva de muchos líderes para «contener», han
sido fundamentales para que «el estallido» no se produzca.
En Chile, según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes. Hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse (puntapié de las protestas, ya que quisieron aumentarlo), mientras que dentro del nivel socio económico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%. El alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado.
El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que de acuerdo a diversas fuentes ya lleva la lamentable cifra cerca de dos decenas de personas muertas y miles de detenidos.
Expresamos nuestro total repudio a la represión y violencia institucional, nos solidarizamos con el pueblo chileno, y llamamos a una profunda reflexión para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en nuestro amado continente.
(*) Concejalas y concejales Fernanda Gigliani, Andrés Gimenez, Norma López, Marina Magnani, Osvaldo Miatello, Roberto Sukerman y Eduardo Toniolli.
