Los concejales Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani, del Partido Progreso Social (PPS) presentaron dos proyectos de Ordenanza relacionados a la inseguridad en Rosario.
Uno de los documentos establece la creación de un departamento de lucha permanente contra la economía del delito, mientras que el otro se basa en lograr que el Departamento Ejecutivo Municipal arbitre las medidas necesarias con el fin de ejercer control sobre el funcionamiento de todas las empresas que prestan servicios de seguridad privada en Rosario y el personal afectado a las mismas.
De esta manera, los ediles aseguran que las tareas de acción delictiva disminuirán significativamente.
La base principal dela Ordenanzaradica en considerar que “los objetos robados alimentan, a través de la economía del delito, la economía en negro”; y en que “para combatir la llamada Economía del Delito, primero deben identificarse e inspeccionarse los lugares donde se desenvuelve”, tales como: chatarrerías, talleres mecánicos, locales que venden respuestos y accesorios de motos y autos, prostíbulos con posibilidad de trata de personales, locales de venta de celulares, de venta de audio para autos o de compra-venta en general.
Por otro lado, y según la ordenanza por la regulación de empresas de seguridad privada, las mismas deberán estar inscriptas y habilitadas por el Registró Único de Información, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y porla Subsecretaríade Prevención y Seguridad Ciudadana dela Municipalidadde Rosario.
En todos los casos, la empresa debe identificar su razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico institucional y página web, además de todos los datos fiscales y demás requisitos exigidos por las dependencias Municipales, Provinciales y Nacionales y la autorización municipal expedida porla Subsecretaría.
Además, cada vigilante en servicio deberá poseer una credencial habilitante y otorgada por la empresa con conformidad del Departamento Ejecutivo Municipal, la cual deberán de llevar permanentemente para identificarse ante autoridades y cualquier ciudadano de Rosario.
Asimismo, los prestadores de servicios deberán hacerlo bajo la normativa laboral vigente que genere una efectiva relación de dependencia entre el contratante y el contratado.
“Es obligación del Municipio realizar un estricto control de estas empresas, ya que además de ejercer el comercio, lo realizan en una actividad tan sensible como es la protección de los ciudadanos, por lo que es necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal cuente con toda la información sobre las empresas, sus titulares y las personas que prestan servicios para éstas”, destacaron los representantes por el Partido Progreso Social.
