En modalidad virtual se realizó la reunión semanal de la comisión con la conducción de la presidenta, Susana Rueda, de Rosario Progresista, y la asistencia de la vicepresidenta, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ y Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio.
Al comienzo, Rueda presentó a las asistentes representantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, AMMAR, Gabriela Hemela y a la abogada que asiste al colectivo, Vanesa Vargas, y que trabajan por la garantía de los derechos humanos y laborales para las trabajadoras sexuales.
Luego, la edila Gómez Sáenz explicó que el objetivo del encuentro es conversar sobre las problemáticas que padecen las trabajadoras sexuales y que se incrementaron por la situación sanitaria producto del Covid19, como la dificultad de afrontar los pagos de los alquileres.
Hemela agradeció el recibimiento de la comisión para poder informar sobre las problemáticas que tienen en este contexto de pandemia, ya que están imposibilitadas para trabajar y no cuentan con los derechos laborales garantizados, como el resto de las actividades.
La representante de AMMAR comentó que desde la provincia se asiste con un bolsón de alimentos que tiene entre siete u ocho productos y se reparte por mes a cada compañera, que son alrededor de cien. También expuso que desde nación perciben el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE como única ayuda. Por otra parte, precisó que al principio de la pandemia, desde el comedor de la Universidad Nacional de Rosario, les habilitaron por dos meses 130 viandas. Sin embargo, remarcó que el mayor problema que padecen es habitacional al no tener ingresos para solventar los alquileres.
Violencia institucional
Hemela planteó que el año pasado desde AMMAR asentaron una denuncia ya que encontraron en la zona de la terminal de ómnibus casos de compañeras violentadas y privadas de su libertad por el accionar policial, lo que motivó la presentación en Secretaría de Derechos Humanos provincial dentro de Asuntos Internos. “De todos modos, esto sigue pasando y es moneda corriente”, se lamentó.
Por su parte, Vargas mencionó que por lo general hay resistencia a denunciar por miedo de ser víctimas nuevamente de la violencia institucional, pero uno de los elementos para suplir esto puede ser dando visibilidad, sin criminalizar a las compañeras trabajadoras sexuales.
Propuestas
Luego de las exposiciones, las concejalas de Derechos Humanos continuaron trabajando en brindar alguna respuesta a lo presentado por AMMAR.
Es así que, Pellegrini propuso hacer un pedido de informes sin exponer a las trabajadoras para conocer si existe algún andamiaje que esté trabajando en el tema, desde asuntos internos con el Ministerio Público de la Acusación. También, sugirió establecer un canal de comunicación con instituciones que trabajan sobre la problemática alquileres y consumidores.
En cuanto a brindarles un acompañamiento desde la comisión, manifestó conveniente realizar un pronunciamiento de apoyo a las trabajadoras víctimas de la violencia institucional.
Las iniciativas recibieron el aval del resto de las participantes. Para finalizar con el tema, Rueda se comprometió averiguar sobre la posibilidad de brindar algún refuerzo a la asistencia alimentaria desde el municipio.
