Las querellas y la fiscalía federal formularon este jueves a la mañana en Resistencia, Chaco, sus alegatos en el juicio por la verdad por la denominada Masacre de Napalpí en la cual fueron asesinados más de 500 integrantes de las etnias Qom y Moqoit en 1924, y la jueza Federal Zunilda Niremperger anunció un cuarto intermedio antes de formular un veredicto en este proceso oral y público.
La audiencia de la fecha comenzó pasada las 8 de la mañana, y durante sus exposiciones, fiscales y querellantes realizaron la formulación de la acusación y la valoración de la prueba reproducida a lo largo del juicio con la exhibición de documentos y testimonios.
Las partes acusadoras coincidieron en calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, encuadrados en los tipos penales de reducción a la servidumbre, en función de las condiciones de explotación a destajo a las que eran sometidas las comunidades originarias del Chaco central al momento de los hechos analizados en este debate.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duílio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el abogado Ismael Núñez, en tanto que la acusación del Ministerio Público Fiscal es cursada por la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.
En esta causa se trata de establecer una verdad histórica sobre un caso de lesa humanidad ocurrido el 19 de julio de 1924 en la reducción indígena de Napalpí, ubicada a 120 kilómetros de Resistencia, cuando Chaco aún era un territorio nacional.
En este proceso se investiga el ataque de uniformados y fuerzas paraestatales contra integrantes de las etnias Moqoit, Qom, Shinpi y algunos criollos correntinos y santiagueños residentes en la zona, quienes mantenían una protesta contra las condiciones laborales a las que eran sometidos para cosechar el algodón.
Es un «juicio por la verdad» ya que no tendrá imputados, puesto que los responsables de esa masacre están fallecidos, y en consecuencia el objetivo es determinar los hechos e iniciar un camino para reparar a los familiares de las víctimas y a sobrevivientes.
En 2014 la Unidad Fiscal de DDHH inició una investigación sobre la Masadre de Napalpí y en 2021 se presentó un pedido formal ante el Juzgado Federal N°1 para la realización de este juicio.
La jueza Niremperger resolvió catalogar los crímenes como de lesa humanidad y por ello imprescriptibles y ordenó la realización del proceso.
La etapa oral del juicio comenzó el pasado 19 de abril, Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos.
Repartidos en seis jornadas desarrolladas semanalmente declararon casi una treintena de personas, con registros grabados de entrevistas a sobrevivientes, testimonios de familiares y descendientes, referentes e investigadores de las comunidades, periodistas, historiadores, antropólogas y juristas.
Los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico.
Además se confirmó que en Napalpí fue la primera vez que se utilizó un avión para el ataque a una población en Argentina, sobre la base del relato oral, y de pruebas documentales por el Archivo General de la Nación sobre la cual se describe el funcionamiento de la reducción de las comunidades originarias. La Secretaría de DDHH elaboró un informe histórico con la reconstrucción del proceso de represión, la cobertura judicial y encubrimiento posterior.
Con la intención de “acercar” el proceso jurídico a la población las audiencias se realizaron en la capital chaqueña, y también en la localidad de Machagai, donde ocurrieron los hechos.
La semana pasada se llevaron a cabo audiencias en la exEsma, por una cuestión de asegurar el testimonio de personas que no podían trasladarse a la capital chaqueña, pero también como una forma de referenciar este proceso con un lugar emblemático con la lucha de los derechos humanos en Argentina, como es ese predio en el cual funcionó en centro clandestino de detención ilegal más grande que operó en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura.
Según pudo establecerse, los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el gobernador del territorio, Fernando Centeno; el comisario de Resistencia Roberto Sáenz Loza y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado.
El presidente del «Aero Club Chaco» Dr. Agustín Cabal (h) facilitó el avión utilizado en el ataque. Al momento de los hechos, Marcelo Torcuato de Alvear era presidente de la Nación.
