El concurso que se encuentra en trámite para la designación de funcionarios judiciales, en especial vinculados a la conducción del Ministerio Público Fiscal (MPA), tuvieron varias derivaciones. Este martes y, tras conocerse los audios entre el ex Ministro de Seguridad Marcelo Saín y el Secretario de Justicia Gabriel Somaglia en el marco de una investigación por espionaje ilegal, se produjo la salida del segundo del concurso tras su excusación. A lo que le siguió un comunicado de la Asociación y Fiscales y Funcionario y la renuncia de tres evaluadores los que adujeron motivos personales para dar un paso al costado.
En los audios que se filtraron Somaglia aparece como “colaborador” de Sain en cubrir supuestas pruebas en su contra. El funcionario estaba al frente de la conducción del concurso y terminó afuera tras su excusación.
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El 28 de septiembre la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA emitió un comunicado en relación a la problemática que aseguran se viene presentando con los concursos a fiscales, en especial vinculado al que se está llevando adelante para elegir, entre otros funcionarios, a las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal que delinean las políticas de persecución penal.
La asociación venía realizando desde agosto del año pasado gestiones y aportes respecto a los procesos de selección y designación de funcionarios del MPA.
Si bien contaron en el documento que algunas de las sugerencias bridadas fueron recogidas en el decreto que reformó el régimen de concursos peri al realizarse el sorteo de jurados para el concurso en vigencia “existieron faltas de trasparencia”, aseguraron.
Reiteraron el pedido de un proceso de concurso transparente y justo, para ello reclamaron que las calificaciones técnicas sean cuantificables claramente, que cada jurado haga un voto individual con las calificaciones que considere y que el proceso de evaluación técnica se realice por etapas claras y con sus respectivas calificaciones.
Aclararon que la designación de los funcionarios judiciales es una facultad del Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura no es más que una repartición administrativa, en otras palabras la Constitución Provincial no obliga al Poder Ejecutivo a hacer concursos, aseguraron.
A ello se sumaron las renuncias de tres de los evaluadores del concurso que pertenecen a la Justicia Federal, se tratan de los magistrados Ángela Ledesma, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar.
