El ministro de Defensa, Jorge Taiana, les quitó el estado militar a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta y Antonio Pernías, que con distintos grados de oficiales revistaron en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires notificó al Ministerio que quedó firme la sentencia condenatoria contra los ahora ex marinos, para que actúe según lo previsto en la ley 19.101 de Personal Militar, que establece la baja obligatoria de los condenados, como consecuencia de la pena de inhabilitación absoluta y perpetua impuesta mediante sentencia firme.
“Esta resolución se enmarca en el compromiso asumido por el Ministerio de Defensa en la implementación de una política de respeto a los derechos humanos y de integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, donde resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”, explicó el gobierno nacional en su sitio oficial.
La medida, destacada por organismos de derechos humanos, recayó sobre integrantes del grupo de tareas que actuó en la represión clandestina en la institución de la Armada. Se estima que por la Esma pasaron cerca de 5 mil personas, y sólo hubo unos pocos sobrevivientes.
En ese sentido, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, dijo sentir “orgullo” por “ser parte de un Estado que le da la baja a estos servidores de los poderes concentrados que utilizaron las armas más violentas que la sociedad argentina conoció”.
En ese contexto, recordó a Adolfo Miguel Donda: “Fue uno de los responsables de la Escuela de Mecánica de la Armada donde yo nací, de las torturas a mi mamá mientras estaba embarazada de mí, que era su cuñada y yo era su sobrina”.
“Que él sea dado de baja continúa con un camino de nuestras Fuerzas Armadas de construirse como una institución dentro del sistema democrático y al servicio de la sociedad argentina”, sostuvo.
La funcionaria señaló que si bien la medida “tardó en llegar”, destacó: “La justicia que se logró construir desde la sociedad ha condenado hace mucho a quienes desde el Estado cometieron estos crímenes imperdonables a la humanidad”.
El ex jefe de operaciones del grupo de tareas 3.3.2, Adolfo Donda, es hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, ambos detenidos desaparecidos durante la última dictadura y padres de la actual titular del Inadi, quien nació en cautiverio en el centro de detención ilegal que funcionaba en la Esma.
Además, diversos organismos de derechos humanos celebraron la decisión de dar la baja a los seis militares condenados y recordaron: “Estos genocidas mantienen los pactos de silencio que nos impiden saber dónde están los cuerpos de las miles de víctimas”.
Así lo expresaron a través de un comunicado desde Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.
En la nota señalaron que los represores son parte de quienes “continúan cometiendo el delito de apropiación y sustitución de identidad de hijas e hijos de personas víctimas de desapariciones forzadas” que todavía siguen buscando.
Y agregaron: “Esperamos que la medida se haga extensiva a todos los condenados con sentencia firme por delitos de lesa humanidad”.
“El control civil de las fuerzas armadas debe garantizar la baja efectiva de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, concluye el comunicado también firmado por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz (las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y familiares secuestrados de una iglesia del barrio porteño de San Cristóbal en diciembre de 1977), el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria y el colectivo Palotinos por la Memoria, que refiere a otra masacre de la última dictadura de tres sacerdotes y dos seminaristas en la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, en julio de 1976.
En esa misma línea, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia celebró en su cuenta de la red social Twitter «la decisión del ministro Jorge Taiana de disponer la baja».
Y recordó: “En julio de 2006, el juez Sergio Torres ordenó el procesamiento de Pernías, Acosta, Rádice y González, junto a otros 14 integrantes del GT 3.3.2 de la Esma por su responsabilidad en la Masacre de San Patricio, donde fueron asesinados nuestros cinco Mártires Palotinos».
La Esma fue uno de los más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 donde se cometieron crímenes como la privación ilegal de la libertad, tormentos y torturas, robo de niños nacidos en cautiverio, delitos sexuales, y exterminio de prisioneros arrojados vivos al mar en los «vuelos de la muerte».
Luego de cinco años de juicio, la causa conocida como Esma III o Esma Unificada terminó con 29 condenas a prisión perpetua, dentro de las cuales se encuentran las condenas firmes a los seis militares dados de baja por el Ministerio de Defensa; además de 19 condenas a penas entre 8 y 25 años y 6 absoluciones.
