En la sala 245, en la planta baja de los Tribunales porteños de calle Lavalle, hubo emoción, llanto y el desahogo que se demoró más de cuatro años. El agente de la entonces Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, fue condenado a 16 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por su condición de policía y uso de arma fuego contra el joven Lucas Cabello. Para los organismos de Derechos Humanos que acompañaron el juicio, se trata de un fallo importante porque el caso anticipó la “doctrina Chocobar”.
“Yo estoy acá porque pudimos llegar al juicio, pero también estoy por todos los demás pibes (víctimas de gatillo fácil) que quedaron olvidados”, dijo Lucas, todavía conmovido por el veredicto, en la puerta de los Tribunales, rodeado de amigos, familiares y agrupaciones sociales.
Minutos después de las 14 de este jueves, el Tribunal Oral Criminal N°1 leyó la sentencia en una sala colmada (la lectura de los fundamentos se postergó hasta después de la feria). A la pena de 16 años de prisión contra Ayala, se le sumó la inhabilitación por diez años “para tener o portar armas de fuego de cualquier clase y para desempeñarse en labores de prevención y/o seguridad en el ambiente privado”. También resultó significativo la decisión del tribunal de enviar un oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña para que “se impulse una investigación orientada a determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el sumario, o los superiores que emitieron órdenes, y la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o el que se establezca”.
“Es muy importante como mensaje a la sociedad que se haya ordenado investigar un posible encubrimiento. Esta querella logró convencer al Tribunal, no solo de la responsabilidad penal del agente Ayala, sino también de un conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente”, explica Gabriela Carpineti, la abogada de Cabello en el juicio, según publicó Tiempo Argentino.
El 9 de noviembre de 2015, Cabello, que entonces tenía 20 años, salió del hogar de tránsito en el que vivía en La Boca para comprar dos sándwiches de milanesa. Al volver, discutió con Ayala, quien se encontrada de consigna en una casa vecina. Todo terminó con el efectivo disparándole tres veces y dejándolo cuadripléjico.
Mientras el joven luchaba por su vida, la recién electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, justificó el accionar del policía diciendo que había ocurrido en el contexto de una denuncia por violencia de género, algo que después se probó que no era cierto.
El juez de primera instancia, Osvaldo Rappa, consideró el hecho como un “altercado” y solo imputó al policía por un “exceso en la legítima defensa”. Durante su primera declaración, Ayala había asegurado que Cabello estaba armado, pero su versión quedó descartada cuando las pericias confirmaron que las tres vainas secuestradas en la escena pertenecían a su pistola reglamentaria.
En enero del 2017, la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Rappa, modificando la caratula a “tentativa de homicidio agravado”.
“El de Lucas –concluye Carpineti– es un caso emblemático porque fue el anticipo de estos cuatro años de Cambiemos en materia de seguridad y violencia institucional con una ministra (por Patricia Bullrich), que permanentemente avaló y normatizó como protocolos el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad dirigido contra un sector particular de la población, el de adolescentes y jóvenes adultos de barrios humildes. Por todo esto, sumado a la estigmatización que sufrió Lucas, haber llegado a un juicio con esta condena es muy significativo”.
