El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza condenó al exjuez federal Walter Bento a la pena de 18 años de prisión y al pago de una multa superior a los 540 millones de pesos, tras hallarlo culpable de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
La pena se dio a conocer el viernes pasado por la noche, tras una audiencia de cesura. El martes pasado y tras dos años y medio de juicio oral, el ex titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza había sido declarado responsable de encabezar, al menos desde 2007, una organización criminal que recibió dinero, inmuebles y vehículos a cambio de otorgar beneficios procesales ilegítimos. En el mismo debate fueron condenadas otras 16 personas, entre ellas su esposa, Marta Isabel Boiza Yorino, y uno de sus hijos, Nahuel Bento.
La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Marcelo Vega y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco e Ileana Schygel.
En línea con lo solicitado por el MPF, el tribunal también dispuso el decomiso de bienes pertenecientes al patrimonio de la familia Bento, que incluyó ocho inmuebles, siete locales comerciales y tres vehículos.
El tribunal -integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereira- condenó además a una nómina de personas que incluyó policías, abogados y sentenciados por delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos. No obstante, hizo lugar parcialmente a un planteo de la defensa de Bento y declaró la prescripción de la acción penal respecto de hechos vinculados a abuso de autoridad, desobediencia judicial, omisión o retardo de justicia y prevaricato, por los que había llegado a juicio.
En cuanto a las penas impuestas a los familiares del exjuez, Boiza Yorino fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, y lavado de activos agravado, como coautora. En tanto, Nahuel Bento -exsecretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza- recibió una condena de 5 años de prisión y una multa superior a los 16 millones de pesos por lavado de activos de origen ilícito.
Durante el juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal acreditaron que Walter Bento utilizó su investidura y el control del Juzgado Federal N°1 para dictar resoluciones judiciales ilegítimas -como excarcelaciones, morigeraciones de prisiones preventivas, recalificaciones legales, sobreseimientos o faltas de mérito- a cambio de “coimas” en dólares, bienes muebles o inmuebles y otras ventajas económicas.
Según lo expuesto en el debate, el monto de los sobornos percibidos por la organización superaría los 1,7 millones de dólares, además de numerosos bienes obtenidos mediante mecanismos de ocultamiento patrimonial.
Al momento de dar a conocer las responsabilidades penales, la jueza Diamante sostuvo que “la jefatura indiscutida de esta organización estuvo a cargo de Walter Bento”, y remarcó que su rol fue “central y excluyente” por tratarse del funcionario que tenía el poder decisorio final sobre la situación procesal de las personas involucradas. “Fue el jefe de una organización criminal que convirtió la función pública en una mercancía y lesionó la confianza pública en la administración de justicia”, afirmó.
En su alegato, la fiscal general André destacó que el accionar del exmagistrado causó un “grave daño a las instituciones y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación”, y subrayó que Bento “no se limitó a incumplir sus deberes, sino que se valió de su cargo para organizar una estructura delictiva de la que era la única persona indispensable”. Por su parte, el fiscal Velasco señaló como agravante la formación especializada del acusado en materia financiera, al advertir que su condición de juez federal implicaba un grado de conocimiento experto que lo colocaba en una situación distinta a la de cualquier otro imputado.
El funcionamiento de la organización
De acuerdo a lo reconstruido en el debate, Bento lideraba desde 2007 una estructura criminal compuesta por abogados intermediarios y organizadores, que actuaban como nexo entre los acusados y el juez, gestionando acuerdos y cobrando sumas de dinero; miembros vinculados a fuerzas de seguridad o con contactos institucionales que facilitaban la ejecución de las maniobras; y los familiares de Bento, que no solo participaron de las maniobras de lavado y enriquecimiento ilícito.
El esquema se activaba a partir de personas imputadas -en general por delitos complejos como narcotráfico o contrabando- que se encontraban detenidas o con restricciones a su libertad. A través de abogados e intermediarios, se les ofrecía un “arreglo” con Bento a cambio de dinero u otros bienes, con el objetivo de obtener resoluciones judiciales que mejoraran su situación procesal para poder conseguir así su libertad o la morigeración de las medidas de privación.
La investigación se inició en 2020 tras la muerte de Diego Aliaga, despachante de aduanas e informante policial, quien oficiaba como intermediario en el cobro de dinero destinado al magistrado. Los frecuentes contactos telefónicos entre Aliaga y Bento sirvieron como prueba entre los favores que cobraba el despachante y el exjuez. También fue clave la detención de uno de los condenados, Walter Bardinella Donoso, acusado de financiar una banda narcocriminal, en cuyo celular se encontraron conversaciones que resultaron determinantes para acreditar la existencia y el funcionamiento de la organización ilícita liderada por el exjuez ahora condenado.
Listado completo de condenas y penas
- Walter Ricardo Bento: 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa de $540.846.159 por asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en calidad de autor (8 hechos), enriquecimiento ilícito en calidad de autor, lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda y en su carácter de funcionario público, falsedad ideológica en dos hechos y por ocultamiento e inutilización de objeto destinado a servir como prueba, todos ellos en concurso real.
- Marta Isabel Boiza Yorino: 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una multa de $346.159 por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria, lavado de activos agravado en calidad de coautora y falsedad ideológica (2 hechos).
- Nahuel Agustín Bento Boiza: 5 años de prisión y una multa de $16.642.040. por lavado de activos agravado, en calidad de coautor.
- Luciano Edgardo Ortego Hernández: 8 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y al pago de una multa de $62.580.000 por asociación ilícita en calidad de organizador y cohecho pasivo como partícipe necesario (4 hechos).
- Jaime Andrés Alba Nortes: 7 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años por asociación ilícita en calidad de organizador y cohecho pasivo como partícipe necesario (1 hecho).
- Walter Eduardo Bardinella Donoso: 13 años y 6 meses de prisión (pena unificada) y al pago de una multa de $62.580.000 por asociación ilícita en calidad de miembro, cohecho pasivo como partícipe necesario (2 hechos) y cohecho activo agravado en calidad de autor (1 hecho).
- Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander: 5 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y una multa de $62.580.000 por asociación ilícita en calidad de miembro, cohecho pasivo como partícipe necesario (2 hechos) y cohecho activo como coautor (1 hecho).
- Alejandro Matías Aramayo Ciacera: 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la abogacía por cinco años y una multa de $62.580.000 por asociación ilícita en carácter de miembro, cohecho pasivo como partícipe necesario (2 hechos).
- Luis Francisco Álvarez López: 3 años y 6 meses de prisión y una multa de $11.030.000 por asociación ilícita en carácter de miembro, cohecho pasivo como partícipe necesario (1 hecho).
- José Gabriel Moschetti Retamales: 3 años y seis meses de prisión por asociación ilícita en calidad de miembro.
- Alfredo Rodolfo Aliaga Luque: 2 años de prisión en suspenso por cohecho activo agravado en calidad de coautor (1 hecho).
- Marcos Adrián Calderón Devias: 1 año de prisión en suspenso y una multa de $4.491.200 por cohecho activo agravado, en calidad de autor (1 hecho).
- Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 9 años y 6 meses de prisión (pena unificada) y una multa de $11.030.000 por cohecho activo agravado, en calidad de autor (1 hecho).
- Juan Carlos Molina Pérez: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y una multa de $62.580.000 por cohecho activo agravado en calidad de coautor (1 hecho).
- Eugenio Javier Nasi Pereira: 6 años de prisión y una multa de $41.562.600 por cohecho activo agravado, en calidad de autor (1 hecho).
- José María Sanguedolce Cadile: 6 años y 6 meses de prisión (pena unificada) y una multa de $8.319.717,82 por cohecho activo agravado, en calidad de coautor (1 hecho).
- Martín Rodolfo Bazán Guerra: 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial por un año por cohecho activo, en calidad de coautor (1 hecho).
Absoluciones por beneficio de la duda o falta de acusación:
Luciano Ezequiel Bento Boiza, Octavio Nicolás Billi Villaverde, Leandro Emanuel Cirot Maldonado, Javier Leónidas Angeletti Ratfopol, Walter Aníbal Costa Sgró, Cristian Oscar Oliva Suárez, Omar Armando Rodríguez Cichinelli, Facundo Mariano Alzogaray Sánchez, Carlos Federico Barón Knoll y Francisco Nicolás Castro Navarro.
