El Juzgado Laboral N°6 condenó a las autoridades del Club Náutico Sportivo Avellaneda a indemnizar a una docente luego de que denunciara a su presidente por violencia verbal en el marco de una relación laboral informal que duró alrededor de cuatro años. La magistrada Patricia Otegui reconoció el trabajo de la víctima en ese lugar, ordenó la indemnización e instó al club, ubicado en Pedro Tuella 952, a instrumentar un protocolo de capacitación en género y violencia contra las mujeres, considerando la Convención Interamericana de Belém do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la ley Micaela, entre otras normativas nacionales e internacionales.
“Estamos muy felices. Es un fallo disruptivo donde la jueza reconoce la existencia de un vínculo laboral clandestino durante cerca de 4 años. A la vez, impone una capacitación en cuestiones de género para todo el personal del club, en especial los jerárquicos, por ser una institución social, deportiva, cultural, y debiendo ser ejemplo sus autoridades”, dijo a El Ciudadano, Vanina Grosso, abogada patrocinante de la trabajadora.
Según explicó, Belén Giorgis se desempeñó como docente de zumba por cerca de 4 años sin estar debidamente registrada como tal en la institución de barrio Arroyito. “Cumplía horarios en la semana pero además estaba a disposición del club para dar clases especiales los fines de semana. La disciplina era promocionada por el club en sus redes sociales y quienes asistían abonaban el pago de las clases», señaló la abogada, quien destacó el relato de testigos que pudieron dar cuenta de la relación laboral entre Giorgis y la institución.
“El club siempre la negó como trabajadora. Decían que era una socia que se ponía a bailar con sus amigos en los espacios comunes. Ella tenía cerca de 200 alumnas que pagaban la cuota al club que era el beneficiario. La violencia nunca es un hecho aislado, siempre está precedido de una serie de actos de incumplimientos. La falta de registro es violencia laboral”, agregó la abogada y recordó el episodio de violencia verbal denunciado por Giorgis.
“El presidente del club llegó con la mano en alto y señalando le gritaba a Belén, pero ella no escuchaba porque estaba lejos. Entonces, el hombre se acercó y le dijo: «Sos rebelde, pedazo de pelotuda, pensé que la única pelotuda era mi mujer». Lo hizo delante de su esposa que estaba presente porque era alumna de las clases. Es un ejercicio de violencia verbal, simbólica y de deshonra”, señaló.
Al respecto, la jueza Otegui reconoció como “ilícita” la agresión verbal de parte del presidente del club, Pablo César Creolani, la que constituyó “una clara situación de violencia de género”, que resulta “a todas luces inaceptable para esta magistrada”.
“La trabajadora fue afectada en su prestación laboral por su condición de género, en total violación a sus derechos irrenunciables consagrados por la Constitución Nacional”, señaló el fallo y citó además la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana de Belém do Pará, los convenios de la OIT sobre “Discriminación: empleo y desocupación” y sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, la ley de Contrato de Trabajo y la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
En ese contexto, la jueza resolvió que además de indemnizar a la trabajadora por el vínculo laboral no reconocido, la institución “instrumente un protocolo de capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres dirigido a todo el personal dependiente de la institución, fundamentalmente del jerárquico”.
“Esta sentencia, al proponer capacitación, propone concientizar para que no se vuelva a repetir, para reflexionar y tomar conciencia acerca de qué es la violencia de género en el marco de una relación desigual de poder. Debemos desaprender esos estereotipos y dejar de naturalizar y normalizar esas conductas y comportamientos. A la vez, permite determinar ante quién acudir y dónde hacer las denuncias porque la no prevención también es violencia. Tiene que haber mujeres que visibilicen y autoridades que recepten estas denuncias”, agregó la abogada de Giorgis.
