El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario impuso penas de hasta 12 años de prisión para 23 personas que llegaron a juicio acusadas de integrar una organización que administraba una docena de búnkers en Rosario, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez y Arroyo Seco. La pena más alta fue para Walter Rivero, a 12 años de cárcel. También fue condenado a 8 años Carlos “Betito” Godoy, por ser el apoyo de Rivero desde la cárcel de Piñero, donde desde 2011 purgó pena por el crimen del ex barra de Newell´s Roberto “Pimpi” Caminos. La lectura de los fundamentos se realizará el próximo 5 de febrero a las 15 en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900. El tribunal también dispuso que la Fiscalía evalúe las escuchas ventiladas en este debate para determinar si tres hombres, entre los que se encuentra Esteban Lindor Alvarado, incurrieron en el delito de tráfico de estupefacientes.
El veredicto del TOF3, integrado por los magistrados Mario Gambacorta, Eugenio Martínez Ferrero y Osvaldo Facciano, se conoció este jueves y estuvo en consonancia con lo postulado en su alegato por el fiscal Federico Reynares Solari, quien intervino en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación durante el debate.
De esta manera los jueces consideraron acreditada la existencia de una banda dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, liderada por Rivero, de 50 años, y su pareja Claudia Andrea “Colo” Giustra, de 45. La pena más alta fue para Rivero: 12 años –tal como había requerido el fiscal–, como organizador de tráfico de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas de forma organizada; la condena para Giustra, por su parte, fue de 7 años y medio, pero no como organizadora. El veredicto también alcanzó a Carlos Alberto Victorino “Betito” Godoy, de 34, a quien se impusieron 8 años: por registrar una condena anterior a 11 años de prisión en la Justicia provincial por el homicidio Pimpi Caminos –que cumple por estos días en libertad condicional–, Reynares Solari instó a que se le imponga una pena única de 14. La unificación del monto fue diferida por el TOF hasta que se reciba un informe sobre la ejecución de la primera condena.
La nómina de condenados se completó, según sus grados de participación, con: Priscila Hervier (6 años y medio); Carlos Baudilio Rojas (8 años pero unificada en 19, por registrar una condena anterior a 16); Juan Sales (7 años); Fabián Larroza (6 años y medio); Ezequiel Pacheco (6 años); Carlos Gallegos, Rosa Martín, Diego Mansilla, Eduardo Aguilera, Martín Roldán, Lucas Agache, Claudia Montes, Milene Silveira, Gisela Mansilla (todos a 4 años); Jorge Pacheco y Maximiliano Pacheco (3 años de ejecución condicional); Martín Ramos, Gustavo Ojeda, Sebastián López, Rodrigo Báez (2 años condicional); asimismo, fue absuelto Antonio Rodríguez, en tanto la Fiscalía desistió de la acusación a su respecto.
La investigación
Durante la investigación se realizaron en 2014 allanamientos en 19 domicilios de las ciudades mencionadas, en los que se secuestraron 5,825 kilos de marihuana y 6,306 kilos de cocaína, además de elementos relacionados a la producción, distribución y venta de las sustancias ilícitas como balanzas de precisión, bolsas de polietileno, máquinas selladoras y una suma importante de dinero producto de la actividad ilícita llevada a cabo.
El alegato fiscal había contemplado, en su mayoría, acusaciones por la coautoría en relación con el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, y sólo en tres casos como partícipes secundarios.
Además, el MPF encontró responsable del delito de comercio de estupefacientes a un grupo de personas oriundas de la localidad de Chabás quienes, si bien no pertenecían estrictamente a la organización criminal, se valían de sus puntos de venta para abastecerse del material ilícito que luego comercializaban allí.
Pedidos de indagatorias
En su resolución los magistrados del TOF 3 también ordenaron –tal como solicitó el fiscal Reynares Solari– el decomiso del dinero secuestrado en la causa (más de 32 mil pesos), un auto, una moto y dos camionetas.
Además, el Tribunal puso a disposición del juzgado de instrucción las actuaciones para que evalúe si llama a indagatoria a otras personas por su presunta intervención en los hechos investigados.
En su alegato, el fiscal Reynares Solari había solicitado que a partir de la prueba recolectada durante el debate oral, en particular escuchas telefónicas y testimonios de los policías que participaron de la pesquisa, se indague a Rubén Pió Castaño, alias Viejo, cuyo domicilio en la ciudad de San Lorenzo fue allanado en esta causa, al igual que su línea telefónica intervenida. A Cristian Zamudio, alias Hormiga, a quien sindican de haber estado a cargo de los puntos de venta que Walter Rivero tenía en las localidades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez.
Y a Nelson “Pandu” Aguirre por ser la persona encargada de realizar los “trabajos” relacionados con amenazas y de “asegurar” zonas de expendio de venta de drogas del territorio de Rivero. Pandu, considerado líder de una violenta gavilla de Villa Banana, fue condenado en 2017 por la Justicia provincial a 16 años de prisión por el asesinato del militante social Javier Barquilla, ocurrido en febrero de 2015, y por dos robos.
En nombre de Alvarado
En su alegato, el fiscal también había pedido que se remitieran copia de algunas escuchas ventiladas en el debate oral en cuyas conversaciones son mencionados Esteban Lindor Alvarado, Carlos «Chaqueño» Rojas y el Gordo Baby, como se apoda Juan Carlos Peralta, para determinar si alguno de los dos estuvo involucrado en el negocio ilícito de la comercialización de estupefacientes.
Fue en ese sentido que los jueces federales resolvieron poner a disposición de la Fiscalía la “totalidad de las actuaciones y los respectivos respaldos digitales que componen la causa, a los efectos que realice las remisiones y presentaciones que estime correspondan respecto de Alvarado, Rojas y el Gordo Baby”, explicó el fallo.
Alvarado está procesado por el envió de media tonelada de marihuana a Río Negro y está con prisión preventiva en la Justicia provincial acusado como líder de una asociación ilícita dedicada a diversos delitos que van desde homicidios, encubrimiento de uniformados santafesinos y lavados de activos.
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