El ex jefe de la comisaría 10ª fue condenado este lunes a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos por detener e inculpar a dos jóvenes de balaceras para favorecer a una banda narcocriminal que opera en la zona norte. El uniformado fue apresado en septiembre de 2021 donde también cayeron el subjefe de esa seccional junto a cuatro subalternos. En dicha oportunidad, la Fiscalía describió en conferencia de prensa que los policías les “liberaban territorio” a los integrantes de Los Pimpis, que supo ser liderada por el asesinado Emanuel «Pimpi» Sandoval, para que operen con ilícitos vinculados al narcomenudeo y también “limpiaban” a la competencia a cambio de dinero.
El condenado es Gerardo Malpassi, de 41 años, quien fue apresado el jueves 17 de septiembre de 2021 por el personal de la Agencia de Control Policial (ACP- ex Asuntos Internos) en medio de un allanamiento a la seccional de Darragueira 1168, donde se desempañaba como la máxima autoridad.
Ese día también fueron detenidos el subjefe Sebastián Ojeda, los oficiales Walter Graff y Juan Pablo Sosa, la suboficial Natalia Sánchez y el oficial Héctor Dallia.
Los fiscales Federico Rébola y Valeria Haurigot fueron los encargados de solicitar el allanamiento en el marco de una investigación que comenzó con la detención de dos jóvenes por balaceras cometidas el 3 de abril y el 1º de junio de 2021 contra dos viviendas de barrio Parque Casas. Los sospechosos habían sido sindicados por dos testigos, de acuerdo a lo que había quedado plasmado en el acta policial.
En ese documento, las testigos dijeron que sufrieron amenazas y los posteriores ataques por parte de esos dos muchachos por negarse a vender drogas para la banda de Patri y por rechazar tener relaciones sexuales con uno de sus integrantes.
Todo pasó en la zona norte, jurisdicción de la 10ª, y en ese momento se hablaba que algunas balaceras tenían como contexto el enfrentamiento de una banda conocida como Los Pimpis contra la gavilla de Patri, la cual contaba con menor organización.
Estos jóvenes, Tomás G., de 19 años, y Andrés R, de 22, fueron imputados el 21 de junio de ese año por el fiscal Rébola por abuso de armas, y en ese momento estaban señalados por las declaraciones como integrantes de los Patri. El magistrado les dictó la prisión preventiva efectiva por 90 días.
Hasta ese momento la pesquisa era similar a las múltiples que se tramitan a diario desde hace años por las constantes balaceras contra viviendas, pero la causa cambió a los 15 días cuando las «testigos» se presentaron con su abogada ante la Fiscalía.
Ambas desmintieron la declaración que figuraba en el acta policial y confiaron al fiscal Rébola haber mentido bajo presión de integrantes de Los Pimpis que, a cambio, le pagaron 50 mil pesos a una, y con estupefacientes a otra.
Con esta nueva declaración, los fiscales trabajaron bajo la hipótesis de que policías de la comisaría de la zona norte armaron una causa falsa “para beneficiar a una banda en detrimento de otra”, la cual llevó al allanamiento del 17 de septiembre donde quedaron detenidos los seis policías involucrados.
Al día siguiente, los dos jóvenes recuperaron la libertad. Si bien, los investigadores descartaron que los dos sospechosos detenidos en junio hayan tenido participación en las balaceras, sí estimaban que formaban parte de una organización criminal mucho más precaria que la de los herederos de Ema Pimpi con territorio en barrio Parque Casas.
La sombra policial detrás de violentas bandas narcocriminales
Rébola sostuvo en la imputación que “dicha maniobra criminal fue concretada a cambio de dinero que la banda de Los Pimpis entregaba regularmente a dicha comisaría, siendo ésta la única explicación lógica por la cual funcionarios públicos pudieron haber hecho eso a sabiendas de que acarrearía muy probablemente la detención de personas inocentes”.
La fiscal Haurigot también se refirió a la acusación en conferencia de prensa y remarcó que “lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito”.
Tras la audiencia, los seis policías quedaron acusados como coautores de los delitos de cohecho y falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El abreviado
Este lunes el fiscal José Luis Caterina y los abogados defensores, Ezequiel Torres y Luciano Zissele presentaron un acuerdo ante la jueza Paula Álvarez para llevar adelante un juicio abreviado.
En el escrito, Gerardo Malpassi aceptó su responsabilidad como coautor de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y por la privación abusiva de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público debido a la detención de los dos jóvenes y por la extensión de la medida que fue más de un mes.
La jueza lo condenó a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para integrar la fuerza policial por el término de 6 años.
