La Justicia federal cordobesa, tras 19 años desde que sucedieron los hechos, condenó ayer a penas de entre 10 y 13 años de prisión a los cuatro imputados por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, con un saldo de siete muertos y más de 300 heridos.
Pasado el mediodía de ayer y en una sala de audiencias colmada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó a Edberto González de la Vega, a Carlos Franke y a Jorge Cornejo Torino a la pena de 13 años de prisión, y a Marcelo Diego Gatto a 10 años, en todos los casos por considerarlos “autores mediatos” del delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
El tribunal, formado por los vocales Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón, se limitó a leer la parte resolutiva de la sentencia, mientras que fijó para el 27 de febrero próximo la audiencia en la que se dictarán los fundamentos del fallo contra Cornejo Torino y Gatto –ex autoridades de la fábrica–, y Franke y González de la Vega –ex integrantes de la conducción de Fabricaciones Militares–.
Tras conocerse la sentencia y aunque habían pedido una pena de 17 años para los cuatro imputados, los abogados querellantes calificaron de “histórico” el pronunciamiento por entender que, en cierta forma, “se hacía justicia con la población de Río Tercero”.
“Las penas impuestas demuestran que, tal como sosteníamos, la voladura fue perpetrada y programada por estos tipos (en alusión a los cuatro imputados) para ocultar la venta ilegal de armas”, aseveró a la agencia estatal Télam Aukha Barbero, uno de los abogados querellantes.
Barbero insistió en que espera que la Cámara Nacional de Casación Penal resuelva pronto los recursos procesales pendientes para que se pueda definir si también será posible juzgar al ex presidente Carlos Menem y al ex jefe del Ejército, Martín Balza, como siempre lo ha pedido la querella.
En el mismo sentido, el otro abogado querellante, Horacio Viqueira, expresó: “Habrá que esperar a conocer los fundamentos de la sentencia, porque allí, seguramente, se referirán a los primeros niveles de mando de Fabricaciones Militares, así como a las autoridades políticas y militares de la época, dado que hoy (por ayer) se condenó a quienes formaban parte del segundo y tercer nivel de Fabricaciones Militares”.
De todos modos, y tras conocer la decisión del tribunal, Viqueira enfatizó: “Lo importante es que está probado que la explosión fue un hecho intencional y que se usó la Fábrica de Río Tercero para ocultar el contrabando de armas. No fue un accidente, ni algo fortuito, sino programado”.
A raíz de lo sucedido, que en el plano judicial supuso un largo proceso con numerosos recursos ante la Cámara Nacional de Casación penal y ante la Corte Suprema de Justicia que demandaron casi dos décadas de tramitación, perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.
Familiares “emocionados”
Las hijas de Ana Gritti, querellante en la causa fallecida en abril de 2011, María Eugenia y Maria Julia Dalmasso, se mostraron emocionadas por el fallo y expresaron: “Pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar. Siempre por una cosa o por otra se demoraba. Es algo que esperábamos desde hace 19 años”. “Estamos conformes. Nosotros siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma, los abogados continuaron la investigación. Y, ahora, que un tribunal nos diga que tenía razón, significa que la espera no fue en vano”, enfatizaron las mujeres, hijas de Gritti y de Hoder Dalmasso, quien murió a causa de la explosión.
