La Justicia de Rosario condenó a Luciano «Lucho» Gallardo, señalado como uno de los referentes de la barra brava de Newell’s, a 6 años y 8 meses de prisión efectiva en una causa por extorsiones y asociación ilícita vinculada a una organización criminal.
La sentencia fue dictada el 25 de marzo de 2026 en el Centro de Justicia Penal, donde la jueza Paula Pedrana homologó un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa. Gallardo fue condenado como autor de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, extorsión simple y asociación ilícita.
Según la investigación encabezada por la fiscal Paula Barros, Gallardo integraba una estructura delictiva que operaba alrededor de la barra brava del club rosarino, con el objetivo de recaudar dinero de forma ilegal a partir de distintos negocios vinculados a la actividad futbolística. Entre ellos, el cobro a la dirigencia en partidos de local, la reventa de entradas, la organización de eventos, el manejo del estacionamiento y comisiones por la venta de comida y bebidas.
De acuerdo a la acusación, la organización estaba liderada por Ariel Máximo Cantero, jefe de la banda narcocriminal Los Monos, quien dirigía las maniobras desde el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Desde allí, definía a los referentes de la barra y el reparto del dinero obtenido.
En ese esquema, Leandro Vinardi tenía un rol central, aunque también operaba desde prisión y delegaba la administración en su pareja, Sabrina Barrías. Gallardo, en tanto, era la cara visible en la tribuna y uno de los encargados de ejecutar órdenes y mantener contacto con la dirigencia del club.
La causa también expone una fuerte interna dentro de la barra, con una facción disidente encabezada por Alejandro Nicolás Ficcadenti, alias rengo, que intentó disputar el control de la estructura.
Uno de los hechos más relevantes fue una maniobra extorsiva contra el presidente del club, Ignacio «Nacho» Astore, a quien le exigieron el pago de $1.500.000. Para presionar, se llevaron adelante distintos actos intimidatorios, como el lanzamiento de bombas de estruendo durante un partido y un ataque a tiros contra la vivienda de una dirigente.
Además, la investigación determinó otra extorsión vinculada a la organización de un evento no autorizado dentro del club, que derivó en el pago de $3.000.000.
Según la Fiscalía, la organización operó al menos entre enero y agosto de 2024, período en el que se registraron episodios de violencia, amenazas y disputas internas por el control de la barra brava.
