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Condenan a narcos y ordenan revisar accionar policial

Jueces sentenciaron a siete de los acusados en causa que investiga la comercialización de estupefacientes.

condenadentro

El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario impuso penas de hasta seis años a siete acusados y absolvió a otros dos en una causa vinculada a la tenencia de estupefacientes para la comercialización. Sin embargo, las decisiones de los magistrados excedieron esas condenas: ordenaron remitir a la fiscalía las actuaciones de los policías provinciales y federales que intervinieron en los procedimientos como consecuencia de irregularidades que detectaron en el transcurso de la investigación, que culminó en junio de 2009 con 22 allanamientos en Rosario, Alvear y Villa Gobernador Gálvez.

Al juicio llegaron 10 personas acusadas de conformar una banda de narcotraficantes con asentamiento en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Uno de los imputados, Antonio Carau Quevedo, fue asesinado durante el proceso. También llegó a juicio Norma Estela Acosta, ex mujer de Miguel “Japo” Saboldi, una de los muertos en el sospechoso incendio de Alcaidía, y Oscar Gregorio Caminos, primo del difunto líder de la barra brava de Newell’s Old Boys, Roberto Pimpi Caminos.

De acuerdo con la resolución, la investigación duró 10 meses entre los años 2008 y 2009 y culminó el 11 de junio de 2009 cuando personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe encontró dos cocinas de cocaína en el marco de 22 allanamientos que incluyeron las ciudades de Rosario, Alvear y Villa Gobernador Gálvez.

Tras los operativos, 13 personas fueron detenidas y se secuestraron 5 autos, 4 armas, 1,650 kilo de pasta base, 9 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína junto a precursores químicos.

Entre las pruebas presentadas por los investigadores sobresalían numerosas escuchas telefónicas. A su vez, los dos principales sospechosos, Jesús Omar y María Isabel S., hermanos de “Japo”, no pudieron ser enjuiciados debido a que no fueron encontrados por la Policía, por lo que son considerados prófugos de la Justicia.

El tribunal, conformado por Jorge Venegas Echagüe, Beatriz Caballero de Barbani y Santiago Miguel Harte expuso un extenso fallo cuyos fundamentos se leerán el próximo 20 de agosto en la sede de los Tribunales Federales, de bulevar Oroño 940.

Más allá de la condena contra los imputados, que serán revisadas en su mayoría por la Cámara de Casación tras la presentación de las apelaciones, sobresalen los pedidos de los magistrados para que se investigue el accionar policial.

En ese marco, los jueces enviaron copias de las escuchas recolectadas y las actas al representante del Ministerio Público Fiscal que sugieren posibles hechos de corrupción que dejan vislumbrar la vinculación del personal de las fuerzas policiales provinciales y federales con el narcotráfico.

Las penas

En relación al veredicto, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario condenaron a Elba Liliana Cuello, Norma Estela Acosta y Analía Natalia Albornoz a 6 años de prisión como coautoras en el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización, agravados por la participación de tres o más personas. La misma pena deberá pagar Mario Ariel Maidana, pero por ser considerado un partícipe necesario en la asociación.

En tanto, Oscar Gregorio Caminos fue condenado a 5 años de cárcel como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, junto con el delito de falsificación de un Documento Nacional de Identidad, en carácter de partícipe necesario. El hombre ya se encuentra preso por un homicidio desde octubre de 2008.

A su vez, Juan Carlos Borini fue condenado a cuatro años de prisión por ser considerado responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Vilma Quiroga deberá cumplir una pena de un año y medio de cárcel por la tenencia ilegítima de un DNI. En tanto, José Rodríguez y Juan Alberto Jiménez fueron absueltos.

De todas maneras, todos los condenados, con excepción de Caminos, continuarán en libertad hasta que se haga efectiva la pena impuesta, la cual todo indica que será apelada por los defensores.

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