Una suboficial que prestaba servicios en la seccional 24ª de Granadero Baigorria consintió un acuerdo abreviado y se hizo responsable de su colaboración como integrante de la asociación ilícita encabezada por Esteban Lindor Alvarado, dedicada a delitos que van del secuestro seguido de ejecución, lavado de dinero y atentados contra el Poder Judicial. La mujer policía fue condenada por el juez Hernán Postma a la pena de 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, cohecho y asociación ilícita.
Jorgelina Miriam «Pepo» Cháves fue detenida en Buenos Aires e imputada en junio de 2019 por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. El achaque giró en torno al incumplimiento de las obligaciones que tenía a su cargo en su rol de policía al entregar información reservada que sabía que llegaría a oídos de Esteban Alvarado.
La acusaron por un hecho puntual cometido el 18 de diciembre de 2018 cuando recibió un mensaje de WhatsApp en su teléfono personal de otro personal policial, identificado como Pablo “Gordo” Báncora, con información que transmitió a personas allegadas a Alvarado sobre la intervención de la línea telefónica de uno de los integrantes de la banda.
Para los fiscales, la suboficial tenía el objetivo de prestar colaboración con la maniobra de encubrimiento ideada por Alvarado, quien intentaba desvinculare del secuestro seguido de ejecución del prestamista Lucio Maldonado llevado a cabo en noviembre de 2018, a cambio de dinero. Así la policía transmitía los mensajes de Báncora, quien trabajaba en el Organismo de Investigaciones de la Fiscalía, para desviar la acusación hacia la banda de Los Monos.
Chaves permaneció detenida desde el 6 de junio de 2019. La presentación de este acuerdo se discutió este martes en una audiencia oral y pública donde la uniformada reconoció su responsabilidad en los delitos achacados y prestó su consentimiento. Tras lo cual el juez Postma homologó el acuerdo y la condenó a la pena de 3 años de cárcel y 6 de inhabilitación especial. Atento a que se encuentra detenida desde mediados de 2019 la mujer recuperó la libertad tras le dictado del cese de prisión.
La asociación ilícita
Para los fiscales, la asociación ilícita encabezada por Alvarado funcionó desde el 16 de junio de 2012 hasta el 19 de octubre de 2019 donde sus miembros formaban tres grupos diferenciados que hacían a la organización y funcionamiento operativo de la banda.
El primero de los estamentos estaba compuestos por personas que realizaban tareas operativas y logísticas para cometer distintos delitos. El segundo grupo era integrado por personas que se dedicaban a administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindaban las estructuras societarias, a los efectos del provecho de los mismos y su utilización en la comisión de nuevos hechos delictivos.
El último estamento estaba integrado por policías que brindaron un permiso estatal ilegal, impunidad y ejercían influencias en distintas formas, también desviaban investigaciones judiciales y aportaban información reservada a la banda.
Con respecto a este punto, el fiscal Edery diferenció el rol de los policías condenados en la llamada Megacausa Monos de los de ahora. “Era diferente. Avisaban de allanamientos o daban datos de una cuestión en particular”, describió el funcionario sobre los uniformados que respondían al clan Cantero.
En cambio –dijo el investigador– «Alvarado utilizó policías vinculados con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y lo que hacían estos uniformados era filtrar y desviar la investigación judicial y de esa manera la impunidad estaba prácticamente asegurada. Es por eso que Esteban Alvarado no tiene condenas. Pero son innumerables los hechos, las personas que se acercan y las situaciones que surgen a partir de su detención y el desbaratamiento parcial de su banda”, indicó el fiscal en un principio de la causa que tiene a 29 imputados, entre los que se encuentran ocho uniformados de los cuáles siete, ya fueron condenados en procedimientos abreviados.
Siete policías ya condenados
El primero de los policías en ser penado por colaborar con la banda de Alvarado fue Pablo Báncora cuando el 24 de diciembre de 2019 recibió 1 año de prisión efectiva, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una multa de 5 mil pesos.
Le siguió el ex comisario Cristian Ariel «Chamuyo» Di Franco que fue condenado el 5 de mayo de 2020 a 3 años de prisión y 6 de inhabilitación.
El 9 de septiembre pasado, el ex comisario Luis Quevertoque, quien había sido subjefe de la Brigada Operativa de la División Judiciales que se encargó de investiga a Los Monos en 2013, aceptó ser miembro de la banda Alvarado en un abreviado donde recibió 3 años de prisión efectiva.
A los 12 días, se conoció el acuerdo abreviado para el ex comisario de la Policía de investigaciones (ex PDI, actual Agencia de Investigación Criminal) David Marcelo «Puchero» Rey, de 43 años y penado con 3 años de cárcel. Y el 24 de diciembre de 2020, fue el turno de su hermano Martín, también policía y con la misma cantidad de años de prisión.
El sexto en reconocer su responsabilidad por integrar la asociación ilícita de Alvarado fue Javier Makhat, el comisario que era el jefe de Inteligencia de la ex Policía de Investigaciones, a quien lo encontraron viviendo en una costosa propiedad de Condominios Del Alto. El 5 de junio pasado firmó el abreviado por 3 años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 50 millones de pesos, tras lo cual se fue a su casa.
Ahora fue el turno de la Pepo Chaves y el octavo policía que sigue relacionado a la causa es Gustavo Spoleti .
Imputan a cuatro policías por integrar asociación ilícita comandada por Alvarado