Un ex secretario de un juzgado civil involucrado en una megaestafa con depósitos judiciales –junto a dos ex jueces, abogados, un martillero y un empleado del banco Municipal– aceptó su responsabilidad en una asociación ilícita que se dedicaba a estafar mediante maniobras judiciales para quedarse con fondos que estaban depositados en cuentas judiciales inmovilizadas. La investigación estimó que la cifra superó el millón de pesos. El ex funcionario, Ricardo José Lavacca, fue condenado por el juez Juan Andrés Donnola a la pena de 3 años de prisión en suspenso más inhabilitación para ejercer cargos públicos y para integrar el Poder Judicial.
Con la intervención de dos juzgados civiles y comerciales, el 1° y el 17°, entonces a cargo del magistrado Alejandro Martín y de Jorge Scavone (quien se jubiló en 2010) se llevaban adelante las maniobras de las que participaban Ricardo José Lavacca –secretario del juzgado a cargo de Martín–, el martillero Oscar Kovalevsky, los dos ex jueces, un empleado bancario, Tomás M. E., que brindaba datos desde el banco –según la acusación– y los abogados Luciano Bautista García Montaño, Jorge Heter y los dos ex jueces, explicó la fiscalía. Hubo otro abogado imputado, Martín S., que luego recibió un falta de mérito.
Las estafas consistían en detectar fondos inmovilizados o inactivos depositados en cuentas judiciales del banco Municipal. Estos depósitos tenían origen en una demanda real donde el monto a cobrar quedaba a favor del ganador del pleito en un depósito que ordenaba el juzgado en el banco, aunque en algunos casos y por distintas circunstancias ese dinero quedaba allí por años. Por ejemplo, en sucesiones, declaratoria de herederos, concursos preventivos, entre otros trámites.
El grupo delictivo detectaba estos depósitos y generaba un falso reclamo y así atraía a los juzgados involucrados en la maniobra los expedientes donde estaban estas cuentas judiciales. O pedían la remisión de los fondos a otra cuenta judicial que quedaba a disposición de los Juzgados Civil y Comercial 1° o 17°.
A partir de allí realizaban maniobras defraudatorias a los fines de sacar los fondos a través de un trámite que tenía un origen falaz. En el juzgado de Martín se detectaron 55 defraudaciones con este modus operandi y 33 surgieron desde el despacho de Scavone.
Tras una auditoría del banco Municipal, la entidad mandó una nota a la Corte Suprema de Justicia con las irregularidades detectadas y el máximo tribunal dispuso la remisión de la información a la Fiscalía para una investigación.
La maniobra delictiva consistía en que el juez y el secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 17 (en este caso) libraban oficios dirigidos al Banco Municipalidad invocando causas registradas en dicho Juzgado, ordenándole al banco, en primer lugar, el embargo de fondos depositados en cuentas judiciales pertenecientes a sumarios de otros juzgados que no guardaban relación alguna con las causas invocadas, ordenando también la transferencia de dichos fondos a una cuenta vinculada con el expediente en trámite en el Juzgado Civil y Comercial 17°.
Con el correr de la instrucción de la causa, los abogados Montaño y Heter fueron los primeros en aceptar una pena condicional a 3 años como miembros del grupo e inhabilitación entre 5 y 7 años para ejercer la profesión, también devolvieron parte del dinero defraudado. Para el resto siguió el trámite. En febrero de 2017 el fiscal Carlos Covani pidió que la causa llegue a juicio para los dos ex magistrados, el martillero sindicado como el que craneó las estafas, el ex secretario Lavacca y el empleado bancario.
Este lunes, Lavacca consintió frente al juez Juan Andrés Donnola un acuerdo abreviado al que llegó el fiscal Covani y su abogado Emilio Barcacia donde admitió su responsabilidad en el hecho.
Lavacca reconoció que conocía el origen falso de las demandas con el fin de obtener una ventaja económica indebida. Para la Fiscalía Lavacca actuó en su calidad de secretario en estas maniobras falsas en connivencia con el resto del grupo entre 2010 y 2012 y participó en la comisión de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, en 55 hechos de defraudación, 3 tentativas de defraudación y 121 hechos de falsedad ideológica y material de instrumento público, es decir que insertó información falsa o directamente el documento era falso.
El juez Juan Andrés Donnola, que presidió la audiencia, admitió el acuerdo y lo homologó. De esta manera condenó al ex funcionario a la pena de 3 años de prisión en suspenso por los delitos antes descritos y inhabilitación para ejercer cargos públicos por 4 años y de 10 años para ejercer cargos en el Poder Judicial.
Resta resolver la situación procesal del martillero, los dos ex jueces y el empleado bancario que se encuentran a un paso del jucio oral y público del que aún no hay fecha.
