Jorge Benegas, la mano derecha de Esteban Alvarado en el manejo de las sociedades comerciales que utilizaba la banda mixta para blanquear el dinero proveniente de diversos delitos, firmó un acuerdo abreviado que este viernes fue homologado por el juez José Luis Suárez. La condena es de 5 años de prisión efectiva y una multa de más de 62 millones de pesos como organizador de una asociación ilícita y por dos hechos de lavado de activos. Además Valeria Nasca, pareja de Benegas, que hizo las veces de prestanombre, firmó un abreviado a 3 años de prisión de ejecución condicional; deberá pagar una multa de algo más de 51 millones de pesos por los mismos delitos.
Para los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Benegas es uno de los organizadores de la asociación ilícita encabezada por Esteban Alvarado, que se encuentra a la espera de un juicio oral y público junto con otras cuatro personas y enfrenta un pedido de pena de prisión perpetua, ya que también pesa su cabeza haber ordenado un homicidio, entre otros delitos. La mayoría de los miembros del grupo, tanto civiles como uniformados, ya firmaron acuerdos abreviados.
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La organización
Este grupo delictivo funcionó desde junio de 2012 a octubre de 2019, según la teoría fiscal, y Benegas tuvo un papel preponderante en la organización de la empresa criminal: impartía las órdenes dadas por Esteban Alvarado. Actuaba como su hombre de confianza, sobre todo desde que en agosto de 2012 Alvarado marchó preso en provincia de Buenos Aires por un caso de robo de autos que le significó una condena a seis años y medio de cárcel, contaron los funcionarios del MPA.
Para la Fiscalía, el grupo tenía tres estamentos: el primero estaba compuesto por personas que hacían tareas operativas y logísticas para cometer distintos delitos; entre ellos se encontraban los asesinados Nicolás “Fino” Ocampo y Carlos Argüelles.
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El primero había firmado un abreviado a tres años y según las sospechas fue ultimado por un grupo vinculado con Los Monos; el segundo había declarado como imputado colaborador y estaba en tratativas de firmar un acuerdo. Además integran este grupo el cuidador de caballos Facundo «Lapo» Almada, el chatarrero Jorge Laferrara (recientemente penado con 21 años de cárcel), su hijo Mauricio Laferrara y Adrián Fernández.
El segundo grupo estaba integrado por personas que se dedicaban a administrar, organizar y gestionar el funcionamiento de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos tras el amparo que brindaban las estructuras societarias, a los efectos del provecho de los mismos y su utilización en la comisión de nuevos hechos delictivos. En este grupo se ubican la ex pareja de Alvarado, Rosa Capuano, Estefanía Toledo, Jorge Benegas y Valeria Nasca, todos ya condendos, entre otros.
El último estamento estaba integrado por al menos ocho policías, muchos de ellos eran jefes, y se ocupaban de hacer aportes que brindaron un permiso estatal ilegal, impunidad y ejercían influencias en distintas formas, también desviaban investigaciones judiciales y aportaban información reservada a la banda.
A través de ellos se pusieron a disposición del grupo delictivo recursos materiales y humanos que se encontraban bajo la responsabilidad que tenían funcionarios policiales. Entre ellos Javier Makhat, Marcelo y Martín Rey, Jorgelina Chávez, entre otros. De este grupo, siete ya firmaron los respectivos abreviados.
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Los condenados
Para la Fiscalía, Benegas y Nasca eran parte del segundo grupo y a través de un entramado de empresas comerciales y unipersonales permitieron la colocación de los bienes obtenidos a partir de hechos ilícitos, disimularlos y ocultarlos a través de empresas, como Toia SRL, Edra SRL o Logística Santino SRL o firmas unipersonales como las que figuraban a nombre de Benegas, Nadia Toledo, Capuano o Leandro Suárez. Todos ellos ya firmaron acuerdos abreviados.
A este grupo Alvarado les indicaba cómo confeccionar la documentación, quién debía figurar formalmente como titular de los mismos, qué vehículos debían adquirir o vender, fijaba los precios de los bienes de la organización para ofrecerlos al mercado, disponía sobre la adquisición y administración de bienes inmuebles, ordenaba operaciones en moneda extranjera, disponía el pago y la negociación de cheques y la utilización de los mismos en diferentes operaciones comerciales, daba directivas para la realización de estas, decidía cuál de las empresa debía facturar por diversos servicios y otras decisiones relativas a la administración de los bienes y servicios del grupo de empresa que conforman la asociación Ilícita.
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Además Benegas fue acusado de lavar activos en una maniobra respecto de un inmueble ubicado en Furlong al 1100, propiedad de Gustavo Spoleti, un jefe policial en principio no vinculado con la causa, aunque su situación procesal aún no fue resuelta. Según la acusación, se hizo una operación con la finalidad de dar apariencia lícita a las sumas de dinero que el uniformado utilizó para la construcción del inmueble y que no podía justificar frente a un requerimiento de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. También apareció como titular de una propiedad de Alvarado ubicada en Fuerza Aérea al 2300 de Funes. Benegas y Valeria Nasca simularon que les alquilaban la propiedad a Capuano, madre de los hijos de Alvarado.
Este viernes ambos reconocieron su responsabilidad en un audiencia de procedimiento abreviado. Se hicieron cargo de su participación en la banda y el rol que desarrollaron. El juez Suárez, tras evaluar la admisibilidad del acuerdo y escuchar el consentimiento de ambos resolvió condenar a Jorge Benegas por el delito de lavado de activos y organizador de una asociación ilícita a cumplir una pena de 5 años de prisión y el pago de una multa de 62.200.000 pesos. Para Valeria Nasca fijó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de 51.600.000 pesos por los mismos delitos.
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