Una asociación ilícita conformada por policías y civiles para defraudar al Estado con cifras millonarias puso tras las rejas, en septiembre pasado, al ex jefe de Policía de Santa Fe Rafael Grau junto a otros dos agentes de alta jerarquía. La causa judicial que investigó maniobras relacionadas a la reparación de patrulleros entre abril de 2015 y febrero de 2016, conocida como D4, sumó dos condenas dictadas en juicios abreviados. El policía y contador Ariel Hernán Villanueva firmó una pena de tres años de prisión y se comprometió a pagar una reparación de daños por casi 800 mil pesos, además de otros 600 mil de multa para ser donados a instituciones. Mientras que el mecánico Andrés Daniel Soto acordó una pena de diez años de cárcel por dos hechos contra la administración pública, además de corrupción de menores por un abuso dentro de su entorno familiar y una portación de arma. La Fiscalía adelantó que en los próximos días otro policía firmará un abreviado mientras que, al resto de los acusados, se les ampliará la imputación. Además dijo que hay dos empresarios más bajo la mira.
En una audiencia celebrada este lunes en Santa Fe, el juez penal Jorge Pegassano homologó las dos condenas alcanzadas por las defensas de Villanueva y Soto (representados por los abogados Luis Hilbert y Martín Peón) con el Ministerio Público de la Acusación).
Del acuerdo participaron los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Leandro Lazzarini y la fiscal de la Unidad de Violencia de Género Alejandra del Río Ayala.
El policía Villanueva, de 43 años, fue condenado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública a tres años de prisión efectiva, pero como ya pasó ocho meses detenido se le concedió la libertad, una vez que terminados los trámites administrativos. Es que el uniformado, cuyo rol en la Fuerza provincial era de “habilitado”, arregló reparar el daño por la suma de 790 mil pesos (600 mil de monto genuino y 190 mil de intereses), además de donar otros 600 mil pesos (de lo secuestrado en su casa) para cinco instituciones en concepto de multa, según confirmó a El Ciudadano el fiscal Hernández, quien agregó que el policía condenado por corrupción (suscribía con su firma la documentación para estafar al Estado) quedó inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos.
El mecánico Sosa, quien hacía las facturas por falsas reparaciones a patrullero y prestaba su nombre, recibió una condena a diez años de cárcel. Además de la pena como miembro de una asociación ilícita y coautor de defraudación contra el Estado, el hombre de bajos recursos fue penado por tenencia de arma de fuego y corrupción de menores agravada por el vínculo, por una causa de 2014 que tiene como víctima a una hija no reconocida.
D4
A mediados de septiembre de 2017, el fiscal Roberto Apullán imputó a tres policías y cinco civiles por conformar una asociación ilícita para defraudar al estado por una cifra cercana a los 95 mil pesos, que en la actualidad supera el 1.600.000. En esa oportunidad detalló que había dos jefes (el de la Policía ocupado por Villanueva y el de los civiles por el mecánico Facundo T.) y como organizadores al entonces jefe de la Policía de Santa Fe Grau, nombrado por el gobernador Antonio Bonfatti, y a los hermanos Artemio y Noelia B., proveedores de repuestos y autopartes. Como miembros a apuntó al mecánico Soto, a Rodrigo R. y al policía José María Leiva, entonces a cargo del Departamento de Logística.
La investigación de Apullán comenzó en mayo de 2016 a raíz de una presentación realizada por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien dijo que había recibido un sobre cerrado con una denuncia anónima que brindaba detalles de maniobras defraudatorias con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales.
Más tarde, Apullán fue desplazado del caso por orden del fiscal Regional Carlos Arietti quien en su lugar designó a Hernández, quien ayer adelantó que hay dos empresarios más bajo la mira y que en los próximos días espera ampliar la imputación del resto de los investigados, con la excepción de un policía de alto rango que está a punto de firmar un juicio abreviado.
