Un tribunal federal condenó a un agente de la Policía Federal a dos años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer en la fuerza, tras comprobar que realizó 51 compras online con las tarjetas de crédito de cuatro colegas sin su autorización. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 consideró probado que el acusado aprovechó su acceso a los plásticos entre 2019 y 2020 para concretar transacciones fraudulentas.
El tribunal -integrado unipersonalmente por el juez Luis Salas- consideró al oficial ayudante de la División Pericias Telefónicas de la PFA Tomás Agustín Álvarez Cabezas, de 23 años, como autor de los delitos de defraudación mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de crédito ajenas -reiterado en 51 oportunidades- e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La investigación, liderada por la Fiscalía Federal N° 3 de San Martín a cargo de Raúl Pleé, determinó que las víctimas descubrieron los cargos no autorizados al revisar sus resúmenes bancarios. Si bien la sentencia no precisó el monto total defraudado, el tribunal enfatizó que el acusado reconoció los hechos durante el proceso, lo que junto a su falta de antecedentes influyó en la pena condicional.
La investigación se inició por una denuncia efectuada el 7 de junio de 2024 por una de las víctimas -una mujer policía que es amiga de la expareja del imputado- ante la División Delitos Tecnológicos de la PFA, que fue remitida a la Ufeci.
En su presentación, la mujer, que también es miembro de la PFA, indicó que había advertido al menos doce compras fraudulentas realizadas en línea en mayo de 2024, con los datos de tres de sus tarjetas de crédito, pertenecientes a los Bancos Nación y Galicia.
Como parte de la condena, el agente deberá pagar las costas del juicio y no podrá ejercer funciones públicas durante el mismo período de la pena. El caso adquiere relevancia por tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad involucrado en un delito de confianza contra sus propios compañeros, en un contexto donde los fraudes digitales crecieron 34% el último año según datos sectoriales.
La resolución judicial marca un precedente sobre el tratamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos, particularmente en instituciones que exigen altos estándares de conducta. Mientras el condenado evalúa eventuales apelaciones, el fallo subraya las consecuencias del abuso de acceso a información sensible en ámbitos laborales.
