Dos hombres fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, integrado unipersonalmente por el juez Ricardo Vásquez, a tres años de prisión condicional y tendrán que pagar una multa de 50 mil pesos por la filtración de fotos íntimas de una militante política. El acusado principal se presentaba como «Jaime Stiuso» –en referencia al ingeniero en electrónica y ex espía para la Secretaría de Inteligencia (Side)– y la suplantación de identidad (phishing) de las cuentas se cometió en plena campaña electoral de 2017.
El acuerdo en el que se abreviaron los procedimientos fue presentado tras una solicitud de las defensas y el consentimiento de la víctima, en el que Nicolás Lapiana e Iván Cudde fueron hallados culpables de los delitos de extorsión, amenazas coactivas y falsificación y uso de una marca registrada.
En este juicio abreviado intervino el fiscal general de juicio, Fernando Arrigo, el cual contó con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y de la Unidad Fiscal Especializada en la Violencia contra la Mujer (Ufem).
De acuerdo con voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF), la causa se inició tras una denuncia presentada el 5 de julio de 2017 por la víctima ante la Ufeci. La entonces diputada nacional manifestó que fotos íntimas que tenía en su teléfono celular y que eran sincronizadas con la nube Google Fotos habían sido viralizadas en la red social Twitter y en distintos portales de internet.
Ante ello, los pesquisas de la Fiscalía de Ciberdelincuencia iniciaron una investigación preliminar en la que comprobaron que la víctima había recibido, al menos, tres correos electrónicos, aparentando ser del equipo de soporte técnico de Google. Estas comunicaciones le sugerían un cambio en la contraseña por actividad sospechosa en su cuenta y presentaban un botón con un enlace inserto que redireccionaba a una página que simulaba ser una plataforma de acceso a Gmail para restablecer contraseñas, en una clara maniobra de phishing (sustracción de credenciales y datos personales), describieron en el escrito publicado en la página oficial del MPF.
A dos años, la extorsión
El 28 de abril de 2019, dos años después de la difusión de sus fotos íntimas, la víctima recibió además un mensaje de Whatsapp de un abonado radicado en Estados Unidos, identificado como Jaime Inc, mediante el cual le ofreció protección a cambio de 600 dólares mensuales.
El mensaje incluía fotografías íntimas suyas, alguna de las cuales no habían sido difundidas anteriormente y le daba a entender que también poseía un video de iguales características, obtenido de la misma manera, mediante el acceso ilegítimo a su cuenta.
Durante el proceso, los investigadores comprobaron que uno de los autores de uno de los accesos ilegítimos era oriundo de la ciudad de Santa Fe (por Cudde), y el otro de Rosario (por Lapiana). Este último fue quien utilizó el número telefónico radicado en Estados Unidos y se presentó como Jaime Stiuso.
Tras el cierre de la instrucción, el caso fue recepcionado en la Fiscalía general a cargo de Fernando Arrigo, a los fines de intervenir en la etapa de juicio. Durante esta instancia, el fiscal contó además, para la elaboración de la estrategia de la investigación, con la colaboración de la Ufeci, a cargo del fiscal general Horacio Azzolín y, además, con el aporte de la Ufem, representada por la fiscal federal Mariela Labozzetta.
Los representantes del MPF sostuvieron que la difusión de las fotografías íntimas de la víctima fue acompañada por comentarios que deshonran, humillan y atentan contra su dignidad al violar su esfera de intimidad, menoscabando su psiquis y su integridad sexual, y que la revictimizaron cada vez que esas imágenes salieron nuevamente a la luz, reforzando los estereotipos de mujer-objeto vinculados a los roles tradicionales de género.
En el marco del acuerdo de juicio abreviado, Cudde fue condenado como partícipe necesario del delito de amenazas coactivas en concurso ideal con los delitos de acceso ilegítimo a un sistema informático y falsificación y uso de una marca registrada en calidad de autor.
Lapiana, por su parte, fue hallado autor del delito de extorsión, en grado de tentativa, en concurso ideal con los delitos de amenazas coactivas en calidad de partícipe necesario, acceso ilegítimo a un sistema informático y falsificación y uso de una marca registrada.
A los dos condenados se les impuso como regla de conducta que hagan un curso sobre violencia de género en el lugar y modo que el tribunal deberá definir dentro del año de homologada el acta.
