Un sindicalista de la ciudad de Santa Fe fue condenado este martes durante un juicio oral a ocho años de prisión efectiva como autor de los abusos sexuales cometidos a la hija de su entonces pareja, desde los 11 hasta los 16 años. El Tribunal lo absolvió por el delito de promoción y corrupción de menores, agravado por la convivencia, y ordenó que continuara en libertad hasta que la sentencia quede firme. La Fiscalía había solicitado la pena de 16 años de prisión mientras que la defensa pidió la absolución y adelantó que apelará el fallo.
La condena recayó sobre Julio César Rizza, de 64 años y secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Afines (Sivendia), y fue dictada por el tribunal, integrado por los jueces Pablo Spekuljak, Jorge Patrizi y Gustavo Urdiales.
En la resolución, Rizza fue hallado culpable del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia en concurso ideal», a la vez que fue absuelto por el delito de «promoción a la corrupción de menores, agravado por la convivencia y la edad de la víctima».
Las fiscales Luciana Escobar Cello y Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), habían solicitado la pena de 16 años de prisión, por lo que aguardarán los fundamentos del fallo para estudiar la posibilidad de apelar, explicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En el mismo sentido, el abogado Ignacio Garrone, quien había solicitado la absolución de su defendido, anticipó tras la lectura de la sentencia que recurrirá a la Justicia de segunda instancia para apelar el fallo.
La causa fue impulsada en 2020 por la actual jueza María Celeste Minniti, en ese momento fiscal de Gefas, cuando enumeró que los ataques fueron cometidos durante cinco años –desde 2013 hasta 2017– cuando la víctima tenía entre 11 y 16 años.
En la acusación, Minniti enumeró una serie de abusos que se produjeron en el camping del sindicato de canillitas de Colastiné Norte, de la capital provincial, y en los domicilios en los que vivió en ese período la menor junto a su madre y su hermano, uno de los cuales también habitó en forma permanente el acusado.
Según la acusación, la víctima pudo contar sus padecimientos a su psicóloga y luego fue a vivir a la casa de su padre y la pareja de éste, quienes al recibir el testimonio de lo ocurrido la acompañaron para que hiciera la denuncia y estuvieron presentes en las jornadas del debate oral.
Poco después, a inicios de septiembre de 2020, Rizzo fue detenido, pero en la audiencia de medidas cautelares el juez Octavio Silva determinó que transitara el proceso en libertad y fijó medidas de conducta alternativas a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.
Durante el juicio oral, que se inició el 25 de abril pasado, declararon una veintena de testigos, y el testimonio de la víctima se dio a través de Cámara Gesell a pedido de las fiscales, ya que adujeron que pese a ser mayor de edad continúa en estado de vulnerabilidad.
Sobre el fallo, las fiscales indicaron que “los magistrados no consideraron acreditado el delito de corrupción de menores que le atribuimos a Rizza ni hicieron lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, para agregar “aguardaremos los fundamentos del fallo para evaluar la posibilidad de apelar”.
