Una mujer policía y tres civiles fueron condenados este viernes en un juicio abreviado por un oscuro episodio cometido a mediados de mayo pasado: el cuarteto estuvo dentro de un Toyota Corolla con vidrios polarizados por unas dos horas en Pampa y la colectora de avenida Circunvalación, de barrio Belgrano. Era de noche y a los vecinos les dijeron que todos eran policías, que esperaban una orden para un allanamiento. Hubo llamados al 911 y personal de Comando Radioeléctrico los detuvo, ya que no tenían credenciales, llevaban un arma de juguete, guantes de látex, tres tenían uniformes de la Policía de Santa Fe y el restante decía ser un «testigo».
El juez Rodrigo Santana fue el encargado de homologar el acuerdo entre el fiscal José Luis Caterina y las defensas de los acusados, quienes aceptaron las penas que fueron desde el mes y 10 días hasta dos años de prisión efectiva, de acuerdo a la responsabilidad en ese confuso hecho como a otros delitos que tenían algunos en su haber. La Justicia no puede imputar algo que no pasó pero lo cierto es que queda una amarga incógnita en el qué planeaban hacer.
Natalia Gabriela Ballón, es la oficial de la Policía de Santa Fe, tiene 46 años y es la ex pareja de Juan José Raffo, el policía exonerado tras ser condenado como miembro de Los Monos y que cuenta con pedido de captura desde principios de este año por causas que investigan sus lazos con complejas organizaciones criminales.
Ballón fue condenada en este juicio abreviado a 6 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación como autora de abuso de autoridad, uso de insignias y distintivos de un cargo que no ejerce. A estos delitos, le sumaron amenazas simple y abuso de autoridad cometido contra una colega que en diciembre pasado detuvo a uno de sus hijos.
En tanto, los civiles que reconocieron su responsabilidad en este abreviado fueron: Gustavo Daniel Mourglia, un fletero y remisero de 35 años con secundario incompleto que fue penado a 2 años de prisión efectiva por abuso de autoridad en calidad de partícipe secundario y autor del uso de insignias y distintivos de un cargo que no ejerce.
A Mourglia, quien estaba al volante del Toyota Corolla y dijo ser de la Policía de Investigaciones (PDI), también le achacaron un hecho enmarcado en violencia de género como fueron las amenazas coactivas a su ex pareja y por ende, la desobediencia de la prohibición de acercamiento que había dispuesto el Juzgado de Familia.
Para Lucas Daniel Di Lascio, de 34 años, de profesión chapero y pintor con primaria completa, la pena fue de 5 meses de prisión efectiva por ser partícipe secundario de abuso de autoridad y uso de insignias y distintivos de un cargo que no ejerce. A esto, el fiscal le agregó daño calificado, ya que hizo un hueco en la celda donde estuvo alojado para deshacerse de las insignias policiales y de un celular.
Por último, Alejandro Nicolás Di Lascio, de 27 años, sobrino de Lucas y de oficio albañil que también completó sólo la primaria, recibió una pena de 1 mes y 10 días de prisión como partícipe secundario de abuso de autoridad. Este joven era el testigo trucho.
El caso y los delitos
Más turbio imposible: cayeron una uniformada, dos falsos policías y un testigo trucho en el noroeste
El fiscal contó que entre las 22 del miércoles 17 y los primeros minutos del jueves 18 de mayo pasado, el cuarteto de imputados simularon ser policías que tenían que hacer un operativo con un testigo en Pampa (ex Estados Unidos) y Juan Pablo II, de la colectora de avenida Circunvalación.
Algunos vecinos advirtieron la situación sospechosa en la que estaban estas personas en un Toyota Corolla y se acercaron. La mujer y los tres hombres se identificaron como uniformados, dijeron que se quedaran tranquilos, que esperaban la orden de un fiscal para hacer un allanamiento.
Los habitantes habían llamado al 911 pero con esa respuesta se volvieron a comunicar para decir que no había peligro alguno. Sin embargo, la Central de Emergencias recibió nuevas alertas cerca de la medianoche y fue en esa circunstancia en que se acercó personal del Comando Radioeléctrico en un móvil. En total fueron nueve comunicaciones para advertir la extraña actitud de estas personas.
En ese momento, Natalia Gabriela Ballón y luego los otros tres imputados, se identificaron como parte de un operativo y sostuvieron que aguardan la orden para un allanamiento.
La mujer dijo ser subinspectora de la subcomisaria 20ª, el conductor del auto se identificó como Gustavo Mourglia y dijo ser integrante de la PDI –hoy la Agencia de Investigación Criminal (AIC)–, Lucas Di Lascio, indicó que era subinspector con la chaquetilla oficial y las divisas oficiales en los hombros, acordes a la jerarquía mientras que su sobrino Alejandro Di Lascio contó que era un testigo que habían «levantado» en barrio Ludueña. Además del parentesco de éstos últimos, los tres son vecinos.
Los uniformados de Comando le pidieron que se identificaran con las credenciales y les contestaron que no las tenían. Les preguntaron por el número de identificación, las armas y el correaje, y recibieron como respuesta que se los habían olvidado.
La mujer fue la única identificada como policía, aunque no era el cargo que detentaba como tampoco pudo aportar la credencial porque tenía licencia médica y por lo tanto le habían retirado la pistola 9 milímetros reglamentaria.
Los policías de Comando hicieron salir del auto a todos y pidieron un móvil de apoyo. En el Toyota secuestraron dos oficios judiciales del Juzgado de Familia junto a un descargo a nombre de quien se había presentado como detective de la PDI, prendas, dos guantes de látex, una gorra de policía y una réplica de arma de fuego tipo pistola.
Los uniformados a cargo del operativo declararon luego que a simple vista, Ballón era quien estaba a cargo y que no dejaba hablar a sus acompañantes. A esta mujer, los pesquisas dijeron no haberle encontrado celular ni billetera al momento de ser apresada.
Una policía verdadera y tres truchos simularon un procedimiento y terminaron todos presos
El fiscal Caterina describió en su acusación que Ballón hizo ostentación y se aprovechó de su carácter de policía a la vez que se corroboró que no era subinspectora sino oficial por lo que no correspondía las charreteras que ostentaba. Las insignias pertenecían a su hermana, quien también terminó con una causa.
La Fiscalía también le achacó a Ballón las amenazas cometida a finales de diciembre pasado cuando policías detuvieron a su hijo. La mujer se acercó vestida con uniforme y su arma reglamentaria a sus colegas y les ordenó que liberaran a su hijo o los denunciaría ante sus superiores. El personal de Comando Radioeléctrico siguió con el procedimiento y cuando estaba por subir al móvil al aprehendido, la mujer regresó en un patrullero y volvió a amenazar a una uniformada.
Respecto a este último hecho, ya era la madrugada del jueves 18 de mayo pasado cuando el cuarteto fue trasladado a la sede de la División Judiciales y en su lugar de detención, Lucas Di Lascio hizo un boquete en una de las paredes de la celda por donde tiró las charreteras, una camisa y el celular que tenía en su poder al momento de la detención.
Como los pesquisas le habían sacado fotos, cuando lo fueron a buscar para trasladarlo ya no las vieron y tras una rápida búsqueda descubrieron el hueco y secuestraron las cosas que habían caído en un depósito.
A Mourglia, el conductor del Toyota y quien se presentó como de la PDI, el fiscal también lo acusó por un hecho de violencia de género cometido la tarde del 24 de abril en un centro de salud ubicado en Tarragona al 1000.
De ese lugar salía su ex pareja cuando Mourglia junto a su padre y hermana la amenazó y entre todos la golpearon con el fin de amedrentar, atemorizar e intimidar. Después se conoció que la víctima había acudido al centro de salud luego de haber denunciado en el Distrito Noroeste al sobrino de su ex pareja por abusar de la hija de ambos. El imputado ya tenía una orden de prohibición de acercamiento de fecha 8 de octubre de 2018 librada por el Tribunal Colegiado de Familia N.º 5 de Rosario, de la que estaba notificado e incumplió, contó Caterina.
Esas fueron las imputaciones del 23 de mayo pasado para el cuarteto, el cual quedó en prisión preventiva hasta junio cuando recuperaron la libertad.
La Fiscalía aclaró que las víctimas fueron informadas y consintieron que se llevara a cabo el juicio donde se abreviaron los procedimientos que terminó siendo homologado este viernes a las 17 por el magistrado Rodrigo Santana en el Centro de Justicia Penal.
