Víctor Ignacio Suárez, alias “Meteoro”, jefe de una asociación ilícita, fue condenado en la provincia de Córdoba acusado de cometer ciberdefraudaciones indeterminadas, vaciando cuentas bancarias y billeteras virtuales. Por el momento no se logró identificar a los otros acusados, solo se pudo obtener los alias y perfiles de mensajería.
La Cámara 10° en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba condenó a Suárez, a la pena de seis años de prisión tras ser considerado jefe y organizador de una asociación ilícita, según supo la agencia Noticias Argentinas.
La causa penal se inició tras un control de rutina en la autopista Córdoba–Rosario momento en el que el acusado viajaba en un remís rumbo a Buenos Aires, cuando –en rigor- debía estar cumpliendo una condena a 13 años de prisión, en modalidad domiciliaria, dictada por un tribunal de la ciudad de Rosario.
Desde el portal Justicia de Córdoba indicaron que en dicho procedimiento se secuestró un conjunto inusual de dispositivos: 13 celulares, decenas de chips, memorias y equipos tecnológicos en cantidad tal que testigos lo describieron como un “call center móvil”.
Para el tribunal, ese secuestro constituyó un “hecho raíz”, porque permitió la apertura y análisis técnico del material por parte de la Policía Judicial de Córdoba.
Con las pericias se logró determinar la existencia de conversaciones y cuentas activas de mensajería, principalmente en Telegram, donde el imputado operaba con un usuario propio.
A su vez, los chats recuperados mostraron coordinación con interlocutores no individualizados civilmente; pero identificados como “Bin”, “Panter”, “Murlok”, “Floredyth” y otros.
La banda tenía como objetivo cometer ciberdefraudaciones indeterminadas, vaciando cuentas bancarias y billeteras virtuales. El juez Palacio Laje describió una estructura de funcionamiento fragmentada con roles diferenciados: provisión de accesos, soporte técnico, confección de identidades digitales, obtención de datos y coordinación operativa.
En la sentencia se desestimó la hipótesis defensiva de que los interlocutores no eran humanos sino “bots”, por resultar incompatible con la variabilidad, los errores, las correcciones y las referencias a acciones reales contenidas en los mensajes.
En el aspecto jurídico, el fallo subrayó que no se juzgaron estafas concretas, sino la existencia de una organización destinada a delinquir. En ese marco, se rechazó el argumento defensivo según el cual no podía hablarse de asociación ilícita si no se conocían “nombres y apellidos” de los demás integrantes.
