El ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue condenado este lunes a seis años de prisión al finalizar el juicio oral donde lo encontraron culpable por cobrar sobornos para beneficar a personas investigadas por narcotráfico. En ese sentido, la Justicia federal penó por tres hechos de cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado y tres de prevaricato. Además, el ex magistrado fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos y deberá abonar una multa de 37.500 pesos. Soto Dávila había llegado a juicio acusado de liderar asociación ilícita que beneficiaba a narcotraficantes, delito que fue desestimado por el Tribunal.
Con respecto a los dos secretarios del juzgado federal que también fueron juzgados: Pablo Carlos Molina fue condenado a cinco años de prisión por “cohecho pasivo agravado en dos oportunidades en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario y cohecho pasivo en una oportunidad» y se le fijó tanto una inhabilitación especial perpetua como una multa de 32.500 pesos.
En tanto, a Federico Alberto Grau lo penaron a cuatro años por «cohecho pasivo agravado en una oportunidad en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario», se lo inhabilitó de manera perpetua y se le impuso el mínimo de multa prevista.
El Tribunal –compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones) debido a la excusación de los integrantes originales por su relación con los ex funcionarios acusados en juicio– condenó también al abogado Duylio Horacio Barboza Galeano a dos años de prisión como coautor penalmente responsable de «cohecho activo agravado».
Los jueces homologaron los acuerdos de juicio abreviado que se firmaron antes del inicio del debate y condenaron a los abogados Antonio Serial y Jorge Vallejos a la pena de dos años de prisión y al narco que ya había sido condenado en el marco de la causa de Itatí, Carlos Barreiro, a la pena de tres años y ocho meses, detallaron voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Finalmente, los abogados Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione; el ex intendente de la ciudad correntina de Empedrado Juan Manuel Faraone –que ya había sido condenado en el marco de la causa de Itatí–; y el sindicado narco Pablo Nicolás Torres fueron absueltos mientras que se ordenó reservar las actuaciones relacionadas a Federico “Morenita” Marín, quien declaró como arrepentido en esta causa y escapó en dos oportunidades de la Justicia, la última fuga fue de una prisión domiciliaria y cuenta con pedido de captura desde febrero pasado.
En su decisión, los jueces ordenaron el decomiso de los elementos secuestrados y la investigación de las circunstancias denunciadas por los imputados en el marco del procedimiento de su detención y traslado a la Ciudad de Buenos Aires.
El juicio comenzó el 21 de junio de 2022 y a lo largo de las audiencias declararon más de 60 testigos. Junto al fiscal Schaefer intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal de esa oficina Martín Uriona.
Los alegatos se realizaron a lo largo de dos jornadas que se realizaron el pasado 27 y el 30 de marzo. Allí, los representantes del MPF habían considerado que en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.
Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se reprochaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico, describieron voceros del MPF en un escrito publicado en la página oficial fiscales.gob.ar.
Las fuentes judiciales recordaron que esta megacausa empezó en 2014 y estaba a cargo del juez federal bonaerense Sergio Torres, quien investigaba a una organización dedicada al narcotráfico relacionada a funcionarios federales y políticos. A lo largo de esta década, hubo alrededor de 130 personas condenadas con diferentes grados de responsabilidad y roles.
Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 16 de agosto, indicaron desde el Tribunal.
