Tiempo después que se destapara la gran estafa inmobiliaria de Rosario, se desatapó en el sur santafesino un ardid similar cuyos autores recibieron este miércoles condena. En el marco del juicio oral y público denominado «Megaestafa inmobiliaria» llevado a cabo en los Tribunales de Venado Tuerto, el abogado Antonio Di Benedetto, sindicado como el líder de la banda delictiva, recibió la pena de 12 años de cárcel, además de la inhabilitación por el mismo lapso para ejercer la profesión.
En tanto, para el gestor Raúl Jaime, 10 años de prisión (la Fiscalía pidió 12 años), y de tres años y medio para Marcelo J. Sava (se habían solicitado seis años).
Todos ellos habían sido acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto y un gran campo en la localidad de San Eduardo.
Cabe mencionar que el Tribunal pidió que el encarcelamiento de Di Benedetto, Jaime y Sava, sea en un presidio provincial.
De acuerdo a lo que publicó el portal Sur24, entre los funcionarios locales y provinciales presentes en el auditorio, sobresalieron el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el subsecretario de Asuntos Registrales en el gobierno del Frente Progresista, Civico y Social, Matías Figueroa Escauriza; las diputadas provinciales Clara García y Rosana Bellatti: y los concejales Nahuel Pasquinelll y Leonardo Calalanov.
El juicio había comenzado el martes 10 de mayo y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martin, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.
Luego del paso de decenas de testigos por los tribunales, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó «un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo» dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.
En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto.
Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.
Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.
Durante el proceso existieron «arrepentidos» y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión condicional.
Aceptaron la culpabilidad y fueron condenados: María de los Angeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).
A la lista se suma el escribano de Armstrong, Angel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.
En tanto, Eugenio Luis Casadel, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dall’Armellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodriguez, fueron sentenciados a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.
