Natalí tiene 35 años, es madre de siete hijos y carga con una historia de vulnerabilidad extrema. Esta semana comenzó el juicio oral en su contra donde la Fiscalía pidió el máximo de pena 2 años de cárcel por el intento de hurto de una bicicleta. La Defensa pública junto a la organización civil Mujeres tras las Rejas y la Asociación de Pensamiento Penal destacaron el exceso de la persecución penal y la falta de perspectiva de género. El caso llegó al Concejo Municipal y en la sesión de este jueves se aprobó un proyecto que declara preocupación por la situación de Natalí presentado por la comisión de Derechos Humanos. Este viernes fue condenada a seis meses de cárcel por la jueza Hebe Marcogliese y deberá purgar la sanción impuesta en prisión ya que se le unificó con una condena previa a tres años y le revocaron la suspensión. Los fundamentos se conocerán en los próximos días y también se sabrá si la Defensa apelará el fallo.
El juicio oral y público comenzó el martes y en su acusación el fiscal Gastón Ávila dijo que el 3 de junio del año pasado la mujer intentó apoderarse de una bicicleta que se encontraba frente a un local de la peatonal San Martín, entre Rioja y San Luis. El dueño la vio, la retuvo hasta que la detuvo la policía y desde entonces está presa.
El fiscal Ávila fue por la máxima sanción que le permite el Código Penal y la acusó por tentativa de «robo de vehículo» dejado en la vía pública y pidió dos años de cárcel.
La defensora oficial Andrea Siragusa se opuso a la calificación de la acusación, el tenor que tomó la persecución penal hacia la mujer, la imposibilidad de llegar a una solución alternativa en el caso, solicitó que se la juzgara con perspectiva de género y pidió la absolución.
En su alegato Siragusa analizó la calificación dispuesta por la acusación y puso en duda que para tomar la bicicleta la mujer hubiera roto un candado por ende, cuestionó el delito de robo. También reparó en el agravante de “vehículo” tras aclarar que, para el Código Penal ,vehículo es aquel objeto que dispone de un mecanismo de producción autónoma de la fuerza, para su movimiento por sí mismo y sin la intervención directa de un agente externo: “No es vehículo, por lo tanto, no puede achacarse el agravante”, resaltó.
A su argumentación se sumaron las objeciones de organizaciones como la ONG Mujeres tras las Rejas y la Asociación Civil Pensamiento Penal que presentaron un escrito al fiscal pidiendo racionalidad en el uso del poder punitivo o la Asociación de Abogadas Translesbofeministas La Colectiva presentó un Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) ante la jueza Marcogliese que presidió el debate resaltando la vulnerabilidad y el impacto del factor pobreza en la mujer, la posición asumida por la Fiscalía en el caso, la que describieron como un exceso de punitivismo.
Este viernes, la magistrada, a través de una audiencia por Zoom, dio a conocer el veredicto y resolvió condenar a Natalí por el delito de tentativa de hurto agravado en carácter de autora a la pena de 6 meses de prisión efectiva más las costas del proceso. Con esta calificación, jueza Marcogliese tuvo en cuenta las consideraciones de la defensora.
La mujer contaba con una condena previa a 3 años de prisión condicional dictada en noviembre de 2019. La jueza resolvió unificar ambas sanciones y la condenó a una pena total de 3 años y medio de cárcel por los delitos de dos tentativa de robo calificado –uno por el uso de arma blanca– y la tentativa de hurto de «vehículo» –por la bicicleta– dejado en la vía pública.
En ese sentido, Vanesa Vargas, abogada de La Colectiva, dijo a la agencia de noticias Télam tras la sentencia que “el fallo nos deja una sensación ambigua” porque “pudo haber existido una resolución con verdadera mirada de género, que hubiese sido una composición de la pena unificándola en tres años de cumplimiento efectivo, lo que hubiese permitido a Natalí salir en libertad y reencontrarse con sus hijes”.
De todos modos, agregó que “teniendo en cuenta el pedido del fiscal (de 5 años de cárcel) no es el peor resultado que pudo haber existido”.
Para la abogada, “la decisión judicial deja de manifiesto el exceso de punición de la Fiscalía”, que pidió una pena “que equivale cuatro veces a la que la dio la jueza” a la mujer.
Las respuestas del Estado
El caso de Natalí pudo haber estado enfocado en una Justicia restaurativa con medidas alternativas al considerar no sólo el delito menor que cometió sino también su historia de vida que la tiene en una condición de extrema vulnerabilidad.
Natalí vivió de los 8 a los 12 en el Hogar del Huérfano, la institución que cerró en 2012 luego de que saliera a la luz el caso de dos celadores que luego serían condenados por el abuso sexual sistemático de uno de los niños. Desde los 12 en adelante estuvo en situación de calle intermitente. Se dedica a cuidar autos y sus siete hijos están a cargo de sus abuelas materna y paternas. Por esta situación fue que la organización Mujeres tras las Rejas y la Asociación de Pensamiento Penal solicitaron un abordaje diferente del caso. En el juicio, una trabajadora social indicó que el encierro provocó un deterioro en Natalí y queda la incógnita de cómo seguirá.
Hubo dos propuestas de medidas alternativas: una fue a través del criterio de oportunidad donde se ofreció una conciliación por la insignificancia del hecho y la reparación del daño causado, lo que significaría que la causa se cierre pero el dueño de la bicicleta no aceptó los 1.500 pesos que la mujer podía juntar para compensarlo.
Otra fue el procedimiento abreviado también considerando lo costoso de llevar a cabo un juicio oral pero la Fiscalía decidió seguir hasta la última instancia con el pedido del máximo de pena que permite el delito que le achacó y que terminó en condena junto a la revocación de la prisión condicional.
Ahora Natalí deberá estar al menos 8 meses más en prisión efectiva hasta poder presentar alguna petición para la morigeración de la detención.
El Estado no estuvo para garantizar los derechos de Natalí cuando era niña, que están estipulados en la ley 26.061 y que le podrían haber facilitado recursos materiales, culturales y simbólicos para que no llegara a esta situación pero sí apareció para encerrarla. El interrogante que queda es el después, si el Estado aparecerá para responder a la situación de vulnerabilidad extrema por la que atraviesa.
Una mujer pobre y madre de siete hijos está presa hace un año por intentar hurtar una bicicleta
