Esteban Lindor Alvarado fue condenado este jueves en un juicio oral y público por el transporte de media tonelada de marihuana secuestrada en noviembre de 2017 en Río Negro. Por esta causa, los hermanos Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez que iban en el camión con la droga y otros dos hombres que iban en un auto delante haciendo las veces de campana fueron condenados en General Roca en 2019 y ahora Alvarado fue penado a 15 años de prisión como organizador del transponte de esta carga de marihuana. Antes de conocer la sentencia, Alvarado habló ante el tribunal y dijo: «Soy inocente, jamás me secuestraron un porro» y agregó que «sé que hay mucha presión mediática y política, pero no por eso quiero me condenen».
La Justicia federal procesó a Esteban Alvarado por narcotráfico
El debate estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario (TOF2) integrado por Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez y la acusación la llevó adelante el fiscal general Fernando Arrigo, quien pidió 20 años de cárcel para Alvarado.
Los otros cuatro involucrados en el caso: los hermanos Rodríguez, Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni ya habían sido condenados en 2019 por el Tribunal Oral Federal de la localidad rionegrina de General Roca, aunque el juicio no avanzó sobre el organizador del transporte de la droga.
El cargamento fue descubierto el 24 de noviembre de 2017 cuando en un control del personal del Senasa hizo detener la marcha de un camión y hallaron que trasladaba media tonelada de marihuana en la provincia de Río Negro. El fiscal Arrigo explicó que el pedido pena estuvo fundado en la mecánica de la instauración de una organización que intervino en el traslado de droga, con la intervención de personas físicas, jurídicas y de testaferros, dijo luego de alegar a Télam.
Así, la Fiscalía federal señaló a Alvarado como el organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro en un camión Scania con un semirremolque para lo que utilizó su organización delictiva y su red económica montada a través de empresas y prestanombres.
Según la investigación, el transporte de carga estaba presidido por un Chevrolet Vectra que operaba como “puntero” (para advertir posibles controles policiales), que era conducido por Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni iba de acompañante.
A partir de un llamado anónimo que sindicó a Alvarado como el dueño de esa marihuana que se reforzó con la investigación de la Justicia ordinaria santafesina iniciada a fines de 2018 donde determinaron que el camión que transportaba la droga era propiedad de Toia SRL, sigla de los nombres de Nadia Toledo y Ricardo Ianni. Este hombre, que iba en el auto que hacía de puntero, apareció además entre las visitas que Alvarado recibía en la cárcel –entre 2012 y 2018– mientras cumplía una condena por robo de autos.
Además el semirremolque Random secuestrado estaba a nombre de Roberto Peralta, ex chofer de la empresa Logística Santino (controlada por Alvarado a través de su ex esposa, Rosa Capuano, de acuerdo a lo que indicó la Justicia provincial) y registrado como empleado de Jorge Benegas, condenado el año pasado como mano derecha del jefe de la organización y operador comercial del misma en el fuero provincial.
Ianni dijo que por la pérdida de la droga Alvarado se quedó con un galpón que era de su propiedad y Peralta reconoció ser un prestanombre lo que fue declarado por el testigo protegido Rodrigo Ortigala y el mecánico arrepentido Carlos Argüelles, quien cerró un abreviado pero fue asesinado poco antes de rubricarlo.
En sus alegatos el fiscal también habló de la complicidad policial con Alvarado y a modo de ejemplo contó sobre una escucha donde un uniformado le dice cómo evitar los controles de Gendarmería.
Antes de conocer el veredicto, Alvarado pidió la palabra y dijo: «quiero decir que soy inocente, que nada tengo que ver con ese cargamento, ni con nada que se me relacione». Y agregó “se me investigó, se me recontra investigó, se me escuchó a mí y a mi familia, pero nunca llegaron a nada, nunca van a encontrar nada porque no hay nada».
«No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes, ni a General Roca (Río Negro), ni ninguno», aseguró este jueves por la mañana antes de conocerse la sentencia. Y concluyó: «Sé que hay mucha presión mediática y política, pero no por eso quiero me condenen».
El tribunal tras un cuarto intermedio condenó a Alvarado a la pena de 15 años de cárcel más una multa equivalente a 1.000 unidades jus como organizador de tráfico de estupefacientes. La decisión se tomó por mayoría con la disidencia del juez Paulucci, quien votó por la absolución por el beneficio de la duda.
El fiscal del juicio, Fernando Arrigo, había solicitado una pena de 20 años para el criminal, quien lidera una organización enfrentada a «Los Monos», a cargo de Ariel «Guille» Cantero, también detenido.
Tras el fallo, Arrigo dijo a la agencia de noticias Télam que «siempre queda un gustito poco» y estimó que «seguramente apelará la defensa, porque la Fiscalía ya no puede hacerlo por la escala penal de la condena» impuesta este jueves. No obstante, el fiscal valoró como «positivo» el hecho de que el juicio «pudo hacerse y llegar a una condena».
Asimismo, resaltó el trabajo conjunto realizado con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Rosario, especialmente el aporte de las pruebas para este caso. «Ellos -por los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery- habían investigado y a partir de allí pudimos hilvanar las pruebas para llegar a conclusiones», consignó el funcionario judicial.
En esa línea, aseguró que «Alvarado armó un conglomerado de empresas en donde cada uno tenía un rol», lo cual quedó expuesto a lo largo del proceso.
«Hicimos el análisis de aproximación de lo que se denomina la prueba compuesta y los distintos indicios. Uniendo muchos puntos con un orden lógico se puede observar un gran organización, un dibujo, cuya línea de puntos era Alvarado», explicó sobre la organización y su rol. «No había nada que se hiciera en esa organización sin que él lo supiera o que él no quisiera», concluyó Arrigo.
Esta es la segunda condena que recibe en menos de una semana, el viernes pasado fue sentenciado en la Justicia provincial a prisión perpetua por liderar una asociación ilícita, instigar al menos los homicidios de Lucio Maldonado y Cristian Enrique, balaceras a edificios judiciales, amenazas a una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial y cinco casos de lavado de activos.
