Iban a buscar la droga la Lomas de Zamora y se ocupaban de distribuir el “producto” a distintos puntos de venta de drogas al menudeo para que llegara a los consumidores. Tenían distintas modalidades de ventas, había puestos fijos en domicilios o hacían delivery. El desarrollo de la actividad ilegal tenía como epicentro la zona oeste de la ciudad, más precisamente en la conocida como Vía Honda, y la investigación arrancó en 2016. Se unificaron dos causas penales ya que el cabecilla, su hijo y su nuera estaban imputados en las dos investigaciones.
Veinticuatro personas llegaron a juicio por tráfico de estupefacientes para el comercio y en forma organizada. El debate fue presidido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 a cargo de Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Facciano y María Ivon Vella, que este miércoles dictó condenas que van desde los 18 años y 3 meses a los 3 años según el rol y la responsabilidad penal que le correspondió en el grupo delictivo a los acusados. Además, por pedido del fiscal General Federico Reynares Solari se abrió una investigación sobre el accionar de los abogados de uno de los acusados ya que las conversaciones que se captaron en escuchas “no se encontrarían dentro del secreto profesional”.
Según el planteo del fiscal General, la investigación inició en agosto de 2016 con una denuncia anónima acompañada de una nota periodística donde se hacía referencia a que vecinos eran amenazados por narcos de la zona tras un crimen. Así las cosas, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó tareas de inteligencia de las que se determinó que los denunciados eran proveídos por Javier Ramón «Rengo» Isaurralde, de 49 años, y se puso la lupa sobre un importante grupo de personas dedicadas al comercio de estupefacientes.
De las distintas escuchas y trabajo de calle que hizo el personal policial se determinó que el Rengo viajaba con un transportista a Lomas de Zamora para buscar los estupefacientes; tras fraccionarlos y acopiarlos en Rosario, los distribuía a pequeños vendedores, evitando hacerse cargo de la comercialización al menudeo.
A su vez, el líder de la banda armaba varias pantallas. Su esposa y sus seis hijos (tres hombres y tres mujeres) gerenciaban un minimercado, ubicado en la intersección de la bulevar Seguí y pasaje Berlín. También administraban viviendas de alquiler y una pensión. El objetivo era lavar el dinero, describieron voceros judiciales.
Según la acusación había dos organizaciones, la primera que fue desbaratada en febrero de 2017, tras 23 allanamientos en la ciudad y en Roldán donde secuestraron más de 100 kilos de estupefacientes: 32 kilos de cocaína y 83 kilos de marihuana.
En estos operativos, fue preso el Rengo Insaurralde, sindicado como el cabecilla, quien según el segundo expediente, dejó la actividad en manos de su hijo Fernando y su sobrino Brian, quienes dirigieron el “negocio” y se ocuparon de su organización a través de las directivas del principal investigado, explicó el fiscal Federico Reynares Solari.
En esos procedimientos también surgió que no sólo habían apresado a los distribuidores sino también a la red de vendedores: que incluyeron 13 hombres y cinco mujeres.
Dentro de los encargados de la comercialización quedaron Gabriel Mancilla, quien había formado una organización constituida por su pareja Rosa Ponce y familiares de ambos, que era abastecida por el Rengo.
Los letrados
Otro dato que surgió fue que los abogados del Rengo Isaurralde mantenían conversaciones que a criterio de la Fiscalía “no se encontrarían dentro del secreto profesional”, por lo que solicitó que se remitieron las actuaciones correspondientes a la Fiscalía que instruyó la causa con el fin de que se investigue el accionar de los profesionales señalados, lo que tuvo acogida favorable por parte del Tribunal, explicaron las fuentes judiciales.
Las condenas
El cabecilla Javier Ramón «Rengo» Insaurralde fue sentenciado a la pena de 18 años y 3 meses prisión, como autor del delito de organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio.
Su hijo Fernando Insaurralde deberá purgar 10 años de prisión y su sobrino Brian Insaurralde 9 años.
Además fueron condenados Arnaldo Andrés «Junior» Vivas, Roxana García Sipe y Gabriel Mancilla a 8 años de cárcel mientras que Héctor Cañete, Omar Osvaldo Espíndola (que ya cuenta con una condena a prisión perpetua) y a Santiago Antonio López a 7 años.
Para Natalia Gabriela Insaurralde, Ángel Manuel Pinto, Grover Eber Becerra Vera, Luciano Nicolás Antonelli, Rosa de los Milagros Ponce, Patricia Liliana Blanco, Carlos Alberto Rodríguez y Leiza Estefanía Carriazo la sanción fue de 6 años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada.
Además condenaron como partícipes secundarios del mismo delito a: Pilar Soledad Toledo, Sebastián Alejandro Arriola, Brenda Tamara Villena, Santiago Domínguez, María Carla Insaurralde, Marianela Sofía Insaurralde y Mauro Isaías Insaurralde a 3 años de prisión.
