El TOF los consideró responsables en calidad de coautores de la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de César Yañez, Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, pero los absolvió del cargo de asociación ilícita.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como parte querellante, había solicitado que fueran condenados a 15 años de prisión y la fiscal federal María de los Milagros Squivo a diez años.
Durante su alegato la semana pasada, Squivo pidió investigar «estos crímenes contra la humanidad» en el marco del “ataque sistemático organizado contra la población civil».
«Estos delitos incluyen actos inhumanos que producen sufrimientos graves contra la identidad física y la salud mental de las personas», afirmó la fiscal y remarcó que los delitos investigados son acciones «imprescriptibles» en el marco de las convenciones internacionales en derechos humanos.
El 19 de julio de 1976, un grupo de alumnos que militaban en el Centro de Estudiantes de la Escuela Normal e integrantes de las agrupaciones políticas juveniles de Concepción del Uruguay, todos de entre 17 y 18 años, fueron secuestrados por un grupo de tareas de la Policía Federal y trasladados al centro clandestino de detención ilegal que funcionaba en la sede que esa dependencia tenía en esa ciudad.
Ese día fueron secuestrados César Román (denunciante en la causa), Darío Morán (en su casa estaba el mimeógrafo con el que se confeccionaban los volantes), Horacio Valente, Carlos Martínez Paiva, Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.
Durante un cautiverio que se prolongó por varios días, las víctimas sufrieron golpes, torturas con picanas que les dejaron secuelas y padecieron simulacros de fusilamientos.
Morán, Valiente y Martínez Paiva fueron trasladados a la cárcel de Coronda, en Santa Fe, y recuperaron la libertad a fines de 1978, mientras que el resto quedó en una «libertad vigilada».
