El Ciudadano
Se trata de Leonel David González, de 30 años, quien utilizó el arma que le había provisto el Estado para herir a la víctima en el rostro y luego insertó declaraciones falsas en un acta de procedimiento. Se le impusieron tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación absoluta y la persona atacada manifestó su conformidad con lo resuelto.
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 estuvo a cargo de la investigación y litigó hasta lograr que la víctima sea admitida como querellante y ejerza plenamente sus derechos hasta el final del proceso judicial.
Un exsuboficial de policía que tiene 30 años y es identificado como Leonel David González fue condenado por haberle disparado con una escopeta con cartuchos antitumulto a un joven con discapacidad en 2016 en la ciudad de Santa Fe.
Al condenado se le impuso una pena a tres años de prisión condicional y una inhabilitación absoluta por el doble de tiempo. Además, deberá cumplir normas de conducta entre las que están no acercarse a menos de 300 metros ni tener contacto por cualquier medio con la víctima y testigos del hecho ilícito.
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 llevó a cabo la investigación y destacó que “la persona que fue atacada por el policía expresó su conformidad con lo resuelto”.
Querellante
La Fiscalía resaltó que “la particular situación de vulnerabilidad de la víctima hizo muy dificultosa su constitución como querellante”. En tal sentido, remarcó que “el joven posee un retraso mental previo a la agresión, y ahora también padece una discapacidad física generada por el funcionario policial que lo atacó”.
“Por otra parte, el Estado provincial tampoco le brindó la asistencia jurídica que requería para ser querellante”, planteó la Fiscalía. “En contra de lo establecido por las Reglas de Brasilia y en el Código Procesal Penal de Santa Fe, el propio Estado le coartó la posibilidad de ejercer sus derechos de ser parte del proceso”, se detalló.
“Por ello –informó la Fiscalía– desde el MPA litigamos para que la víctima fuera admitida como querellante y luego, en primera y segunda instancia, para que no cesara esa condición al cambiar de abogado particular”, se afirmó. “También realizamos gestiones en dependencias públicas para que el joven accediera a la asistencia que merecía en razón de su discapacidad”, se precisó.
“Finalmente, se pudo cumplir la voluntad de la víctima, quien logró ejercer plenamente sus derechos hasta el final del proceso judicial e informó que está de acuerdo con la condena impuesta”, se valoró.
Escopeta
El MPA recordó que “con la escopeta que le proveyó el Estado provincial, González atacó al joven con discapacidad el domingo 13 de marzo de 2016”, y detalló que “fue alrededor de las 17:00 en la esquina de San José y Monseñor Zazpe de la capital provincial”.
“A sabiendas de que la víctima no tenía posibilidad de defenderse, el entonces suboficial de policía le disparó en el rostro y le generó así una herida grave”, se sostuvo. “Cuando fue agredido, el joven estaba parado, junto a su bicicleta y con las manos en alto”, se indicó.
La Fiscalía también se refirió a que “con el fin de procurar su impunidad, el condenado luego insertó declaraciones falsas en un acta de procedimiento”.
Se expuso que “el uniformado relató en el documento oficial que disparó porque el joven lo había apuñalado y le había demostrado su intención de volver a hacerlo”. Sin embargo, se subrayó que “de las entrevistas realizadas a quienes presenciaron lo ocurrido, no surge ningún indicio de que la víctima haya tenido una conducta violenta hacia el policía”.
Calificación penal
González reconoció su responsabilidad penal como autor de lesiones graves dolosas agravadas (por la utilización de un arma de fuego y por haber sido con abuso de sus funciones), y de falsedad ideológica de instrumento público cometida por un funcionario público calificada (por el abuso de sus funciones).
El exsuboficial fue condenado por el juez Pablo Ruíz Staiger en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
La Defensa aceptó la calificación penal de los ilícitos, la pena impuesta y la modalidad del juicio.
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