Un guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de 32 años, fue condenado por la Justicia de La Plata a 6 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de una joven con quien mantenía una relación ocasional, al sostener que hubo «falta de consentimiento» y que se trató de «un caso de violencia de género», informaron este viernes fuentes judiciales.
El Tribunal en lo Criminal 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, condenó a Eduardo Alejandro Giménez, de 32 años, por el abuso sexual de una muchacha, el pasado 19 de diciembre de 2021 en la casa en la que ella vivía en la capital bonaerense.
La víctima mantenía una relación ocasional con el acusado, que incluyó la consumación de actos sexuales consentidos pero denunció que en uno de esos encuentros, el imputado la violó provocándole lesiones físicas y secuelas psicológicas.
«Sus palabras, sus comportamientos, sus reacciones y el quiebre emocional que vivenció mientras prestaba declaración, sumado a sus respuestas solventes y sin ambigüedades, me han convencido de la fuerza convictiva de su relato», sostuvo la jueza en el fallo al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.
La magistrada sostuvo que «existe una relación desigual entre hombres y mujeres», y entendió que, en ese contexto social, se perpetró la violación.
La sentencia, que pone el consentimiento en el centro de la escena, se conoció este jueves y el condenado deberá cumplir arresto domiciliario con monitoreo.
Entre las pruebas con las que la jueza fundó el fallo aparece la declaración de la denunciante, las lesiones físicas y los informes médicos y psicológicos.
Durante el proceso penal, se tomó declaración a psicólogas que acreditaron que la mujer, luego del hecho, regresó a vivir con su familia ya que manifestaba temor a estar sola y tenía miedo de salir a la calle y encontrarse con el implicado.
También se señaló que tuvo temor a comenzar nuevas relaciones y a relacionarse de manera íntima con el sexo opuesto, esto en virtud de los daños psicológicos que le provocó el abuso sexual.
La jueza además incluyó como prueba documental de su condena las capturas de pantallas de los mensajes de WhatsApp entre la víctima y el imputado al otro día del abuso, donde el hombre le pedía perdón por lo sucedido y le decía que «era jodida».
Además se incluyó el mensaje de un amigo del acusado, quien le envió un mensaje a la víctima para que retire la denuncia: “Estas cosas se solucionan hablando”, dice en una parte.
«La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual contra una persona sin su consentimiento, provocando una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres», consideró la jueza en su fallo.
En relación al consentimiento, explicó que «sostener que por mediar una previa relación íntima podría inferirse que la mujer consiente ser accedida carnalmente, constituye un prejuicio de género que da por sentada la inferioridad o subordinación de la mujer».
En este marco, agregó: «El consentimiento sexual frente a terceros no se presume “per se”, pues está relacionado con el libre ejercicio de un derecho individual dentro de determinados contextos de interacción».
Para Crispiani, «la joven víctima con sus propias palabras lo dijo en la audiencia: «Yo le dije que no. ¿Acaso eso no alcanza?» Y sí, por supuesto que alcanza, por supuesto que es suficiente. Agrego algo más: no se trata solamente de consentir o no, sino fundamentalmente de la posibilidad de hacerlo», argumentó la jueza.
Más adelante, la condena subrayó que «sin consentimiento, la actividad sexual es una agresión sexual. El consentimiento debe ser dado libremente, sin fuerza o violencia». En esa línea, argumentó: «Este fallo no solo pretende tener por acreditado debidamente el hecho que aquí se está juzgando, sino que intenta asumir una función pedagógica, principalmente para las personas más jóvenes, afirmando contundentemente que el «No es No»”.
A la hora de imponer la condena la jueza consideró como atenuante el hecho de que Giménez no tenía antecedentes penales, pero como agravante, que el abuso fue perpetrado en el domicilio de la víctima.
El fallo será apelado por la defensa de Giménez, a quien se le ordenó inmediato arresto con prisión domiciliaria y control mediante la instalación de una tobillera electrónica, y medidas de restricción para que no tenga contacto con la víctima.
