El ex subjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I de la capital provincial, Marcelo José Maldonado, fue condenado a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación doblemente calificada.
La pena fue alcanzada luego de un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y la defensa que homologó el juez Pablo Busaniche, en el marco de una investigación que alcanzó a imputar a otros 35 uniformados acusados de realizar maniobras ilícitas con horas Ospe y SPA, como se denomina el Orden del Servicio de Policía Extraordinaria y el Servicio de Policía Adicional, respectivamente.
Además de la condena, Maldonado, de 49 años, debió pagar más de 280 mil pesos para reparar los daños causados al Ministerio de Seguridad, saldar una multa con la Fiscalía y donar dinero a instituciones de bien público.
Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la causa a cargo del fiscal Ezequiel Hernández investigó a Maldonado, quien reconoció su culpabilidad, por una defraudación cometida “entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2015 mientras era subjefe de la agrupación Cuerpos”.
El fiscal Hernández explicó en su acusación que Maldonado “actuó en connivencia con el entonces jefe de la brigada Motorizada, con un oficial de la policía y con 33 subordinados, a quienes también fueron investigados.
El fiscal agregó que Maldonado “favoreció y coadyuvó a la realización de las horas Ospe y SPA”. Asimismo sostuvo que “la modalidad de la defraudación se dio a partir de la superposición de las horas extraordinarias entre sí; la superposición de las horas extraordinarias con la jornada laboral ordinaria; y la realización de esas horas extraordinarias cuando los agentes estaban gozando de su licencia anual ordinaria, lo cual está expresamente prohibido para el personal policial”.
Según Fernández, “el accionar delictivo de Maldonado consistía en diagramar la forma de realización de la maniobra a fin de llevar a cabo la defraudación”.
En ese sentido dijo que “coordinaba las funciones de cada uno de los imputados; emitía directivas para recaudar un porcentaje de lo ilegalmente percibido y su posterior distribución; y omitía controlar el adecuado funcionamiento de la Brigada Motorizada a los fines de favorecer la realización de la maniobra”.
Perjuicio
“Los montos de la reparación del daño que debió pagar Maldonado fueron calculados en base a la evidencia recolectada en la investigación, de la cual surge que el 50 por ciento de lo ilegalmente percibido por los agentes era entregado al oficial que está imputado, y luego repartido con Maldonado y con quien en ese entonces era jefe de la Motorizada, que también está imputado”, puntualizó Hernández.
El fiscal también hizo hincapié en que “debe sancionarse esta conducta ilícita en tanto es una maniobra delictiva con la que se perjudica al Estado Provincial y a la sociedad en su conjunto”.
En tal sentido argumentó que “la inversión y el esfuerzo económico hecho por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe para que haya más efectivos patrullando las calles por más tiempo –tal como lo requieren distintos sectores de la sociedad–, se vio paradójicamente absorbida por agentes que no dedicaron mayor tiempo a sus labores, aprovechándose así del espíritu normativo que motivó el desembolso económico”.
Otro jefe y un oficial
Hernández brindó detalles acerca de los otros dos policías investigados. “Uno de ellos era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, de 40 años, y el otro es oficial de la policía y tiene 42”, informó el fiscal.
Los dos fueron imputados como coautores de los delitos de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público.
En relación a la situación procesal de los dos imputados. “Está previsto que en marzo presentemos las respectivas acusaciones para llegar a juicio oral y público”, adelantó el fiscal.
33 más
“Además de Maldonado y de los otros dos imputados, hay otras 33 personas más que fueron investigadas. Con ellas, el conflicto penal se resolvió por medio de lo que se denominan criterios de oportunidad, a través de los cuales debieron reintegrar el dinero que habían obtenido de forma irregular”, indicó el fiscal.
En tal sentido, concluyó que “el daño total comprobado fue de 360.996 pesos, sin embargo, en el marco de esta investigación focalizada en la brigada Motorizada, ya se llevan recuperados –con el dinero que debió pagar Maldonado– 509.317 pesos. De ese total, 322.009 pesos fueron pagados como reparación del daño causado y 187.308 pesos como donaciones”.
