El exmarino Roberto Guillermo Bravo fue condenado este viernes a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew por una corte del distrito sur de Florida, en los Estados Unidos, informaron fuentes de la querella.
El represor fue declarado culpable del fusilamiento de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps por el voto unánime de los siete miembros de un jurado popular en la corte federal de Miami, Florida, jurisdicción donde Bravo se había radicado para dedicarse a los negocios financieros. La sentencia se conoció al cabo de un juicio civil en el que se analizó por primera vez la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos perpetrada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.
“Estamos muy agradecidos por este veredicto. Este caso nunca fue por dinero, fue sobre una injusticia histórica y muy dolorosa”, declaró el abogado Ajay Krishnan, quien representa a los demandantes. “Creemos que hoy hemos dado un paso en esa dirección”
La defensa del ex marino insistió que la causa había caducado argumentando que habían pasado casi cinco décadas desde que ocurrieron los hechos en la base de Almirante Zar.
La investigación por los asesinatos de la Masacre de Trelew comenzaron a ser investigados a partir de 2005 lo cual allanó el camino a una denuncia penal. Bravo fue el único de los acusados que no enfrentó la justicia. Otros tres oficiales fueron condenados en 2012. En 2008 Interpol notificó a las autoridades argentinas que había encontrado en Florida a Bravo. En 2010 el gobierno argentino solicitó su extradición, pero meses después fue denegada por un juez de Florida. En 2019 se presentó un segundo pedido de extradición, que aún está en proceso.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó esta decisión como “histórica” y la destacó como “un logro de lxs familiares de víctimas de la Masacre”. Los querellantes ahora esperan que sea resuelto el pedido de extradición para que el militar pueda ser juzgado en la Argentina.
Los cuatro demandantes son familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, Ana María Villarreal de Santucho y Alberto Miguel Camps. La querella presentada en octubre de 2020 alegó que Bravo desempeñó un papel clave en el fusilamiento de 19 presos políticos, los cuales estaban desarmados y llevaban seis días detenidos en la base militar de Trelew, en la Patagonia, cuando fueron fusilados por una ráfaga de ametralladora en la madrugada del 22 de agosto de 1972. De ellos cuatro, el único sobreviviente fue Camps.
De acuerdo con la demanda, Bravo fue uno de los militares que llegó a las celdas antes de que les ordenaran salir a los presos, formar una fila y dispararles, matando a 16 e hiriendo de gravedad a Camps, a María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, quienes luego contaron lo que había sucedido al poeta y periodista Francisco “Paco” Urondo, quien luego vertería esas declaraciones en el libro “La Patria Fusilada”.
