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Condicional para empresario acusado de instigar un crimen que no se concretó

Lo condenaron en un juicio abreviado a 6 años y 8 meses por 6 hechos delictivos. Cumplió la sentencia en un arresto domiciliario y ahora por acuerdo de partes logró la libertad condicional

El empresario farmacéutico que llegó a un arreglo con la Fiscalía y fue condenado mediante un procedimiento abreviado por 6 hechos delictivos -que van desde amenazas hasta una instigación de un crimen que no logró concretarse- logró una libertad condicional. El hombre está condenado a 6 años y 8 meses de cárcel. Al acordar esta sanción las partes también fijaron su modalidad de cumplimiento y mantuvieron un arresto domiciliario para Juan Pablo Iborra. El hombre está preso desde agosto de 2014 primero en un penal y luego en su casa por una cuestión de salud, circunstancia que se mantuvo hasta la actualidad. Ahora, la jueza Luciana Prunotto otorgó la libertad condicional con algunas restricciones tras admitir un nuevo acuerdo de partes al respecto. Si bien Iborra es un hombre libre debe cumplir ciertas restricciones, entre ellas no tener contacto ni acercarse a las víctimas por ningún medio.

Entre los años 2012 y 2013 se produjeron una seguidilla de hechos violentos sobre personas vinculadas al ámbito farmacéutico. La pesquisa apunto hacia dos empresarios farmacéuticos, José Antonio Iborra y su hijo Juan Pablo Iborra. Durante el proceso el primero falleció y su hijo permaneció vinculado al caso.

La Fiscalía lo imputó en agosto de 2014 por varios hechos violentos que tuvieron como fin proteger sus negocios, según la acusación. El hombre quedó detenido preventivamente y luego obtuvo una morigeración a través de un arresto domiciliario.

 

Los hechos

El 24 de agosto de 2012, la casa de la entonces jefa del Departamento de Inspección de Farmacias fue baleada. Cinco meses después, el dueño de la farmacia Inglesa fue lesionado y amenazado con un arma. La misma suerte corrió el dueño de la farmacia Suiza.

Al gerente del laboratorio Roemmers y a su esposa les llegaron una serie de amenazas por correo electrónico con el fin de evitar su intervención en la compra de una farmacia.

Las cosas pasaron a mayores cuando el 7 de septiembre de 2012, el abogado Alberto Tortajada fue baleado en el hall del edificio donde tiene su estudio, en calle Montevideo al 1900. El letrado tenía una clienta que había prestado su nombre para explotar una farmacia en calle San Juan al 1700 y la farmacéutica tenía en su haber gran cantidad de deudas de ese comercio por lo que inició una demanda laboral.

También le imputaron la autoría intelectual de un amedrentamiento a un médico en su consultorio en calle 9 de julio, en febrero de 2013. Hasta el lugar llegaron dos hombres que golpearon, amedrentaron y robaron a la víctima. Cuando los agresores se escaparon, el policía Carlos Dolce intentó detenerlos y lo mataron, por este último hecho quedaron vinculados Pablo Peralta y Hernán Matías Núñez quienes luego fueron condenados a prisión perpetua. En una revisión de la Cámara Penal rebajó a Núñez la condena a 17 años. Iborra solo quedó involucrado en el amedrentamiento al médico.

En octubre de 2016 Iborra acepto un procedimiento abreviado dónde reconoció su responsabilidad en los hechos y consintió una condena de 6 años y 8 meses de prisión. El acuerdo incluyó el mantenimiento de la modalidad de cumplimiento. Es decir prisión domiciliaria por su condición de salud.

Esta circunstancia se mantuvo hasta este jueves cuando la Fiscalía y la defensa presentaron un nuevo acuerdo dónde solicitaron la libertad condicional de Juan Pablo Iborra. Planteo que fue convalidado por la jueza Luciana Prunotto que dispuso su libertad en forma inmediata siempre y cuando no esté a disposición de otra autoridad judicial. Además estableció reglas de conducta que deberá cumplir hasta abril de 2021, entre ellas se destacan la obtención de un trabajo y la prohibición de todo tipo de contacto por sí y o por otras personas, por cualquier medio o vía de comunicación con todas las víctimas. Tampoco puede acercarse a sus domicilios o lugares que habitualmente frecuentan. Otra de las consignas es una evaluación trimestral por una junta médica forense y en forma mensual un informe del médico psiquiatra que lo trata.

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