A Verónica García la conocen como Vera. Tiene 42 años, es abogada ambientalista, integra la agrupación Naturaleza de Derechos y fue una de las 73 participantes voluntarias de Sprint, un proyecto subvencionado por la Unión Europea que estudia el impacto de agrotóxicos en la salud humana y el ambiente. Argentina adhirió a mediados de 2020 a través del Inta, al igual que los institutos de investigación de otros diez países europeos.
En noviembre de 2021 Vera realizó distintas pruebas y este año recibió los resultados de su mapeo biológico: le encontraron 20 agrotóxicos en muestras de sangre, orina y materia fecal y otros 22 en el aire que detectaron por medio de una pulsera que usó durante diez días sin alterar su rutina cotidiana en el sur de Buenos Aires.
La interpretación de esos estudios junto al resto de la investigación iba a conocerse el mes pasado en boca de la científica argentina que los llevó adelante, Virginia Aparicio. Pero por esos días ocurrió algo inesperado. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) suspendió el proyecto encabezado por Aparicio y amenazó con disciplinarla por su desempeño.
En medio del escándalo nacional que provocó la censura y el repudio de gran parte de la comunidad científica, Vera y otros voluntarios empezaron a contactarse para comparar los resultados. Su conclusión, más que científica, fue política: quisieron ocultar el grave impacto que provocan los agrotóxicos en los habitantes de pueblos fumigados y el ambiente.
Agrotóxicos hasta en el aire
“Esta pulserita va a medir agrotóxicos en mi cuerpo”, posteó en noviembre de 2021 Vera García en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se ve una cinta de goma verde que rodea su muñeca y un agradecimiento por haber sido invitada a participar del proyecto Transición sostenible de protección vegetal: Un enfoque de salud global (Sprint).
Pasaron casi dos años de ese momento y Vera, con los resultados en mano, lee por teléfono a El Ciudadano los nombres de más de 40 agrotóxicos detectados en su cuerpo y el aire que respira, mientras advierte que es un informe parcial, sólo la pieza de un rompecabezas.
“Nos dieron el archivo a cada uno de los participantes pero sin ningún tipo de interpretación. Sabíamos que tenían la capacidad de identificar hasta 208 agrotóxicos en el cuerpo humano. Yo tengo 20 en orina, materia fecal y sangre. Y en el aire estoy contaminándome con otros 22. Suman más de 40 agrotóxicos diferentes y muchos son cancerígenos”, contó Vera desde la ciudad balnearia de Claromecó, en la costanera bonaerense del partido de Tres Arroyos.
“También se nos dijo que el resto de los resultados de todo el proyecto, que incluía muestras de campos, suelo, aire y hasta del barrido de nuestras casas, se iba a presentar públicamente durante una reunión informativa prevista para el 21 de junio pasado”, agregó en referencia al encuentro que suspendió el director del Inta, Carlos Alberto Parera, de forma intempestiva.
“Esa reunión iba a tener un ida y vuelta interesante porque iban a participar científicos y Virginia Aparicio, quien está a cargo del proyecto y es una persona muy comprometida con la salud pública dentro del Inta”, dijo Vera.
Derecho a saber
“Cuando el director suspende la reunión nos quedamos sin datos. Muchos participantes nos conocíamos y nos mostramos los resultados, pero otros eran desconocidos. Recién ahora empezamos a contactarnos para ver las diferencias entre cada uno”, contó Vera y agregó que el 11 de julio presentaron un pedido formal a la presidencia del Inta solicitando «que se realice la reunión suspendida y que se nos de acceso a la información, que es pública, y nuestro derecho conocerla”.
Censura y persecución a científica que investigó el impacto de agrotóxicos en poblaciones fumigadas
El texto que lleva la firma de 13 participantes voluntarios del proyecto Sprint, autodefinidos como ciudadanos y ciudadanas comunes, también exige acceso al convenio firmado entre el Inta, diez países europeos y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que conformaron el proyecto Sprint.
Resaltan que el acceso público a la información ambiental es un derecho por dónde se lo mire. Lo avalan normativas vigentes y pactos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, tratado al que Argentina adhirió en 2020 que contempla la participación pública y el acceso a la información y a la Justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
Los firmantes contrastan los derechos relacionados al ambiente con el mail que recibieron el mes pasado donde el Inta les notifica la suspensión de la reunión informativa con un argumento endeble: que la investigación había “excedido la incumbencia institucional” porque las autoridades no habían “comprendido debidamente” que los estudios incluían las implicancias de los agrotóxicos en personas humanas.
Poco creíble. Según advirtieron los participantes, el protocolo del estudio de investigación se conocía desde noviembre de 2021 cuando fue publicado en revistas científicas que describen su objetivo con total transparencia: “Determinar la presencia y los niveles de residuos de productos fitosanitarios en plantas (cultivos), animales (ganado), seres humanos y otras especies (representantes del ecosistema) para la modelización de la exposición y la evaluación del impacto”.
Tanto Vera como los demás voluntarios del proyecto Sprint resaltan que otorgaron su consentimiento para el análisis de muestras “extraídas de nuestros cuerpos, hogares y entornos” al igual que información detallada “sobre nuestras historias de vida” y rutinas.
“Lo hicimos con la convicción y confianza de que el Estado, a través del Inta, nos brindaría toda la información de los resultados del proyecto, ayudándonos a interpretar nuestros propios datos y a comprenderlos en el contexto en el que se generan”, dijeron.
En un artículo publicado este mes por la revista Naturaleza de Derechos analizan la censura del proyecto Sprint en la Argentina y concluyen que está relacionada con las evidencias de sus resultados porque “muestran como nunca antes el nivel de impacto de los agrotóxicos en la salud humana, evidenciando una situación de riesgo de daño grave, tanto por la exposición directa (en el aire que se respira) como indirecta (en el agua y alimentos que se consumen) de la población de los pueblos fumigados del sur de Buenos Aires.
Por último analizan que la censura deriva de un vínculo histórico entre el Inta y el agronegocio: “Tratan de desvincularse del proyecto Sprint alegando que se trata de un material que no es de su incumbencia, con el evidente objetivo de ocultar sus resultados alarmantes”.
