El miércoles 15 de septiembre será un día bisagra para la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín: para esa fecha quedaron confirmadas las elecciones de autoridades, el paso clave para restituir la entidad del Cordón Industrial a sus cerca de 130 asociados, que son sus dueños. Los estibadores perdieron el control de la institución con la intervención judicial resuelta en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, y desde entonces vienen reclamando la normalización y denunciando irregularidades de los interventores que –aseguran– vienen comprometiendo su patrimonio. Ahora la Justicia federal, en su segunda instancia dispuso que se lanzara en forma “urgente” la convocatoria a la votación, compromiso que había asumido al iniciar su gestión, en febrero pasado, el tercer y último interventor, el ex secretario logístico del Ministerio de Gobierno de la provincia y ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorrequieta.
“Desde nuestra agrupación Miguel Ru festejamos este logro, ya que nos ha tocado pelear contra grandes intereses políticos y económicos que no querían devolvernos lo que era nuestro, por lo que nos pone feliz la resolución que hemos logrado”, celebró Ricardo Marco, trabajador estibador y socio de la Cooperativa Portuaria.
La confirmación del llamado a elecciones, cuyo acto quedó fijado a partir de las 9 del próximo 15 de septiembre, cierra una etapa que se inició con el desalojo de la conducción del histórico Herme Juárez, quien fue detenido acusado de lavado de dinero y otros cargos el 1º de agosto de 2019. La medida, que se concretó en el marco de una treintena de allanamientos, había sido ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien después resolvió la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de San Lorenzo, que Juárez conducía en simultáneo.
La oposición sindical a Juárez, reorganizada en la lista Azul y Blanca, y los miembros de la Cooperativa a través de la agrupación Miguel Ru, comenzaron al poco tiempo a reclamar la restitución del gremio a sus afiliados y de la entidad a sus miembros. Pero no lo consiguieron.
La intervención no fue gratuita para los estibadores. El primer interventor nombrado por el gobierno de Macri en su tramo final fue Juan José Schaer, un abogado de Buenos Aires con experiencia en administración en corporaciones, y la acusación fue haber negociado a la baja con ellas los servicios de estibaje, a los que pesificó. Y también se intentó denunciarlo judicialmente por amenazas, al imponer un nuevo reglamento interno en la cooperativa que colisionaba con el estatuto social.
Al segundo interventor, Roberto Pasqualino, un economista de la Universidad de Buenos Aires vinculado al radicalismo, lo acusaron de maniobras con el patrimonio de la Cooperativa: “Se afincó para hacer sus propias líneas de negocios. Estamos horrorizados porque hablan de un fideicomiso administrativo y financiero, están haciendo negocios con una mutual de la Universidad de Buenos Aires, que no tenían que ver con los objetivos de la intervención”, le apuntó uno de los asociados, José María Ramón, dirigente de la agrupación Miguel Ru. Pasqualino fue denunciado por desviar fondos de la cooperativa a mutuales y por la compra de un test para covid-19 en forma directa y a una empresa que presuntamente se conformó para esa operación.
Entre uno y otro interventor, los asociados reclamaron también el apartamiento del titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, bajo cuya tutela quedó la entidad.
La agrupación Miguel Ru, que se atribuye representar a un centenar de socios, acudió a la segunda instancia con sus denuncias, y la Cámara Federal les dio recepción. Ahora, mientras por una vía debería avanzar la investigación de las supuestas irregularidades cometidas, por la otra se anticipa el final de un capítulo en la historia de la entidad, fundada en la década del 60 y que tiene injerencia en el 60% del estibaje en el Cordón Industrial. Las elecciones se harán en el Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias: la explanada del helipuerto del CCREP será el escenario donde se realizará la asamblea de elección de autoridades, en la que los 130 socios habilitados para emitir su sufragio podrán hacerlo. Pero si por razones sanitarias no se puede hacer la asamblea en forma presencial, se hará el mismo día y a la misma hora de manera virtual.
“Queremos agradecer a toda la familia portuaria que nos acompañó desde el primer minuto en esta lucha en la que se recupera no solo la entidad sino la dignidad de todos los trabajadores”, celebró Ramón, para anticipar: “Se vienen momentos duros pero felices, donde el objetivo no sólo es recuperar nuestro trabajo sino volver a la unidad de todos los portuarios”.
