En junio de 2019, una superiora que desde 2006 estaba al frente del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, en Nogoyá, resultó condenada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay a la pena de tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad de doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas, y por haberse extendido por más de un mes la situación, que tuvo como víctimas a dos mojas bajo su supervisión. La sentencia fue confirmada recientemente por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, cuando los jueces de Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano resolvieron avalar el fallo.
Los hechos se cometieron contra dos religiosas de la congregación de Carmelitas Descalzas, quienes denunciaron a su superiora, lo que dio inicio a una investigación penal. Para la Fiscalía la directora del convento sometió a ambas monjas de clausura a privación de la libertad, para lo que había utilizado manipulación, violencia y amenazas, afectando el derecho a la libertad y la autonomía de la libertad de las víctimas.
Luisa Toledo fue imputada por dos hechos. La superiora había asumido el cargo en 2006, y desde entonces privó de la libertad a la hermana María Teresa, quien era parte de la congregación desde 1999, cuenta la imputación. La monja, ocho meses después de la asunción del cargo de Toledo, planteó su disenso, pero la superiora hizo caso omiso y la mantuvo retenida, anulando su voluntad por la fuerza, refiere la investigación. Le negaba sus peticiones verbales y escritas argumentando que debía mantener su “voto de obediencia”, lo que implicaba mantenerse enclaustrada y efectuarse golpes sobre las nalgas con un látigo. Le decía que cuando más dolor se autoinfligiera, «más cerca de Jesús estaría», práctica obligada que realizaba sola o junto a las demás hermanas por un término temporal fijado en salmos y otras oraciones. «Mientras más insistía en irse, más se incrementaban los castigos. La obligaba utilizar un cinturón con alambre de púas en las piernas y le imponía el voto de silencio con una mordaza fabricada con un trozo de madera o un envase de pastillas de vitaminas perforado y atado con un hilo», relata el expediente.
Otro de los castigos, afirma, era encerrarla en su dormitorio con puertas y ventanas cerradas, sin luz artificial y con una ración mínima de pan y agua. Todas estas circunstancias llevaron a la víctima a intentar quitarse la vida. Finalmente en abril de 2013, Toledo le permitió a la madre de la víctima sacarla del convento.
La víctima del otro hecho fue la hermana Rosa, quién era fundadora de la congregación. Los hechos comenzaron en 2015, cuando le mostró su disenso en forma verbal y luego en una nota dirigida al arzobispo en la que pidió la exclaustración, explicando los motivos por los que no podía seguir en el convento. La carta fue rechazada por la superiora por motivos formales y nunca la envió.
Según la imputación, la retención ilegítima de la monja continúo con la anulación de su voluntad, generándole un estado emocional de miedo, angustia y desesperación, con llantos permanentes. Y con un temor a tal punto que no se atrevía a dirigirle la palabra a su superiora. Durante ese tiempo la víctima fue degradada y amedrentada por Toledo, quien la hizo blanco de reproches, acusaciones permanentes por desobediencia, y reprimendas de tono agresivo, de las que la víctima no se podía defender al tener impuesto el voto de silencio.
Según el expediente la superiora le asignaba tareas pero le escondía las herramientas para hacerlas. Por ejemplo, la mandaba a hacer trabajos de jardín o huerta y a la vez ocultaba la pala, por lo que la terminaba obligando a cavar la tierra con las manos. También inventaba faltas y le imponía penitencias vinculadas a castigos físicos: estar de rodillas por el tiempo que ella disponía era una. Si la escuchaba hablar le ponía una mordaza, situación que podía durar un día o una semana. Y también la obligaba a hacer la señal de la cruz con la lengua en el piso, refiere la imputación.
En enero de 2016 la hermana Rosa reiteró su pedido de irse, pero nuevamente Toledo se lo denegó. Por ello memorizó movimientos en el convento y manejos de llaves, hasta que finalmente logró huir en marzo de ese año, cuando pudo tomar una llave y salir por una puerta de servicio. Una vez afuera pidió ayuda al párroco de la basílica de Nuestra Señora del Carmen, quien le pagó un pasaje en colectivo hacia Concordia, cuenta la imputación.
Tras un juicio oral y público a cargo del tribunal integrado por Alejandra Gómez, Javier Cardenas y Darío Crespo, los magistrados condenaron por unanimidad a Luisa Toledo a la pena de 3 años de prisión efectiva. Dijeron en sus fundamentos que no se trataba de un entrometimiento o agravio a la libertad religiosa o a la libre profesión del culto sino de una investigación penal sobre hechos delictivos cometidos dentro de un convento.
Ahora la Cámara de Casación Penal entrerriana confirmó la condena a la ex superiora del convento de Nogoyá. En su voto, la jueza Marcela Davite fue contundente: «De ningún modo pueden utilizarse como sanciones o castigos como pretende validar la defensa, que no niega los hechos sino que sostiene que la priora estaba autorizada a realizar este tipo de prácticas, como si el Estado pudiera tolerar reductos o ámbitos por fuera del respeto a los derechos humanos y a las disposiciones de la Constitución Nacional que expresamente prohíbe los tormentos como castigo”. Agregó que tanto el ingreso al convento como su salida es voluntario, y la vida contemplativa no implica en modo alguno ceder la libertad.
