El juez federal Sebastián Casanello volvió a embargar por cien millones de pesos a un ex funcionario del gobierno de Cambiemos investigado por la presunta venta a precio inferior al real de las centrales termoeléctricas Brigadier López, ubicada en la capital santafesina, y Ensenada de Barragán, en el partido bonaerense de La Plata, y esta vez la Cámara Federal avaló la medida.
Se trata de Mario Ricardo Thiem, ex director de Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), investigado junto al ex ministro de Energía del Gobierno de Cambiemos Javier Iguacel y el ex secretario del área Gustavo Lopetegui.
Thiem, al igual que el resto de los imputados, está con “falta de mérito”, pero el Código Penal habilita el embargo de bienes como una suerte de medida preventiva para asegurar el recupero del dinero objeto de la investigación en el caso de un eventual fallo condenatorio.
Con esa premisa, Casanello había embargado a Thiem por el mismo monto, pero a principios de junio pasado la Cámara anuló la medida por falta de fundamentación.
El juez de primera instancia rehízo el fallo y volvió a trabar idéntico embargo, y en esta oportunidad la Cámara, con las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, lo confirmó.
“La alegada falta de imputación en nada modifica el escenario expuesto, toda vez que dicha circunstancia no tiene incidencia en la determinación del perjuicio, utilizado como base de cálculo de la medida cautelar”, sostiene el fallo.
“Podemos afirmar que la decisión (de Casanello) luce en principio razonable para cubrir las finalidades perseguidas, sin perjuicio de los ajustes que luego corresponda eventualmente realizar en función de los avances que registre la causa”, añade.
En el expediente se investiga la presunta “venta direccionada y a precio vil de las centrales térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López”, con un supuesto perjuicio para el Estado de más de 300 millones de dólares.
Las centrales fueron adjudicadas a la empresa Central Puerto SA y a CT Barragán, conformada por una sociedad entre Pampa Energía e YPF, entre 2017 y 2019.
El embargo preventivo y la inhibición general de bienes de los imputados habían sido pedidos por el fiscal de la Causa, Ramiro González.
Según el cálculo efectuado por González, “el daño patrimonial sería de 337.147.391,30 de dólares”.
Entre los investigados aparecen también Mario Dell´Acqua, ex Presidente de IEASA; Luis Pintos, ex vice; Daniel Minenna, ex Director de Administración, Finanzas y Servicios Corporativos; Claudia Mundo, también ex titular de la empresa energética; Carolina Calcagno, representante del Estado como accionista en la asamblea en la que se licitó la venta de las centrales y Alejandro Fontan Balestra, Director Titular y Vicepresidente del Directorio de IEASA en la misma asamblea.
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