La Cámara de Apelaciones de Dolores confirmó este jueves que los nueve policías bonaerenses acusados de asesinar a un hombre de 35 años mientras se encontraba detenido en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú deberán enfrentar un juicio oral por el crimen, cometido en noviembre de 2021, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por los jueces Lía Regina Raggio y Daniel Rezzonico, integrantes de la Sala II del tribunal de ese departamento judicial.
En un fallo de más de 30 páginas al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam, los magistrados confirmaron la decisión del juez de Garantías 4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, quien el último 11 de octubre elevó a juicio la causa por la que están imputados cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos miembros de la Policía Bonaerense.
Los uniformados están acusados de asesinar a Alejandro Nicolás Martínez mientras permanecía detenido en la comisaría 3ª de San Clemente.
Por su parte, los camaristas rechazaron los planteos presentados por sus defensas, al considerar que «las circunstancias argumentadas» no alcanzan «para desvirtuar la decisión» de Olivera Zapiola
«No se ha invocado ni advierto, causal alguna de extinción de la acción penal, ni de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, por lo que la elevación a juicio dispuesta por el magistrado garante se ajusta a derecho», sostuvo Raggio en su fundamentación, acompañada por Rezzonico.
La jueza agregó: «Lo valorado, más el resto de la prueba mencionada que fuera transcripta en la resolución cuestionada, me conduce a coincidir con el magistrado de la instancia originaria, por entender que, el conglomerado de elementos de convicción, meritados en forma conjunta, justifican el dictado de la resolución cuestionada».
De ese modo, los principales acusados del crimen, José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), serán juzgados como coautores del delito de «homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones».
También deberán enfrentar un juicio oral los efectivos Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54), acusados de intervenir en el hecho en calidad de «partícipes secundarios».
Al elevar a juicio la causa, el juez de Garantías hizo lugar al pedido realizado por el fiscal Martín Prieto, de la Unidad Funcional de Instrucción 2 (UFI 2) descentralizada de La Costa, quien llevó adelante la investigación.
Olivera Zapiola entendió que la necesidad de llevar a juicio la causa «se desprende de la suma de los elementos probatorios incorporados al expediente, convergentes y demostrativos de la existencia del hecho materia de investigación y la participación de los imputados en el mismo».
Según la investigación, los tres imputados como coautores mataron a Martínez en la madrugada del jueves 18 de noviembre de 2021, luego de que fuera aprehendido y trasladado a un calabozo de la comisaría 3ª de San Clemente por provocar daños en un hotel en el que se hospedaba.
El fiscal consideró acreditado en la instrucción que los nueve acusados «planificaron dar muerte» a la víctima, «asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado».
Prieto indicó en su pedido de elevación a juicio que «con el fin de causar una muerte alevosa» a Martínez, los efectivos Pereyra, Rohr y Munche «ejercieron una extrema violencia física» sobre él dentro de la seccional, «propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos».
Además, precisó que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió «múltiples lesiones» así como «fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón», lo que le provocó «un paro cardíaco traumático».
El fiscal entendió, a su vez, que el resto de los imputados «brindaron la cobertura necesaria para que» los otros tres «no corrieran ningún tipo de riesgo», y para «asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte al señor Martínez».
Los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que los otros seis efectivos fueron liberados por falta de mérito.
Desde el inicio de la instrucción, ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.
Según la investigación, Martínez murió en la comisaría 3ª tras ser trasladado en un patrullero desde el Hotel Fontainebleau, ubicado en calle 3 y avenida Costanera, luego de que empleadas del lugar denunciaran que estaba provocando daños en la habitación del séptimo piso en la que se hospedaba.
Tras su muerte en el calabozo, la autopsia del cadáver reveló que había fallecido a causa de una «asfixia mecánica» y que además había sufrido golpes y lesiones.
Dos días más tarde, fueron detenidos los nueve policías, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva, que confirmó las conclusiones e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.
