La investigación se originó en una audiencia imputativa que se desarrolló entre el 13 y el 18 de noviembre de 2025, donde fueron acusados más de una docena de implicados por delitos como asociación ilícita, peculado, cohecho, defraudación agravada y falsedad ideológica. Según la acusación, el esquema implicaba la utilización indebida de recursos públicos con fines económicos.
La jueza de Segunda Instancia, Dra. Sansó, resolvió confirmar la prisión preventiva efectiva para ocho de los imputados, entre ellos ex jefes policiales y responsables de áreas clave como logística, comando radioeléctrico y unidades operativas. En una resolución de 33 páginas, consideró que se cumplen los requisitos legales para sostener la medida, en función de la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.
En su análisis, la magistrada también avaló la calificación de asociación ilícita, al entender que no se trató de hechos aislados sino de un sistema organizado y sostenido en el tiempo. Según se detalla, existía una estructura con roles definidos y una operatoria constante que permitía el desvío de combustible, generando registros contables que no reflejaban la realidad.
Por otro lado, la Cámara resolvió revocar la prisión preventiva para otros cinco imputados, quienes continuarán el proceso en libertad pero bajo estrictas condiciones. Entre ellas, la obligación de fijar domicilio, firmar mensualmente, no salir de la provincia ni del país sin autorización, y la prohibición de contacto con coimputados, testigos y miembros de la fuerza de seguridad.
