La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del represor Julio Poch, acusado de protagonizar varios de los denominados «vuelos de la muerte» durante la última dictadura militar.
Para dicho procesamiento, el Tribunal contó con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes ratificaron la imputación contra Poch por ser «partícipe necesario en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad», en 29 casos.
El tribunal, al confirmar el procesamiento dictado en primera instancia por el juez Sergio Torres, tuvo por acreditado que Poch intervino «en los traslados de personas ilegalmente privadas de su libertad en el centro clandestino de detención» que funcionaba en el interior de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según los jueces, esos traslados se realizaban «a través de los denominados vuelos de la muerte mediante los cuales se procedía a la eliminación física de aquéllos y de cualquier rastro o huella que permitiera conocer lo sucedido, como forma de realización de los objetivos».
Enla ESMA»al igual que en otros centros clandestinos, se producían lo que se denominó tanto entre los ejecutores como entre los detenidos los traslados», y que era el método empleado para eliminar físicamente a aquellos sobre cuyo destino final se había decidido debía ser la muerte».
Al ratificar la prisión preventiva, los jueces recordaron que existe «la posibilidad de que el imputado coarte a los testigos, o los induzca a falsear su declaración, o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial».
Poch fue extraditado desde Holanda luego de ser detenido gracias al testimonio de otros pilotos de una línea aérea comercial en la que trabajaba el represor, y quienes dijeron que el acusado se ufanaba de haber realizado algunos de esos vuelos durante la última dictadura militar, mediante los cuales se arrojaban personas vivas al Río dela Plata.
