A una semana de comenzado el conflicto con los efectivos de Gendarmería y Prefectura, el Gobierno ratificó la aplicación del decreto 1307, el cual que generó el recorte salarial, pero aclaró que con su correcta aplicación se beneficiará «a la enorme mayoría de los efectivos».
En conferencia de prensa, el jefe Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, remarcaron que «con la aplicación efectiva del decreto la enorme mayor de efectivos van a ver mejorada su situación».
«Garantizamos que en la próxima aplicación del decreto todos reciban el haber que corresponden sin ningún tipo de disminución», dijeron los ministros desde el microcine del Palacio de Hacienda.
Sobre la acusación pública que presentó la semana, Abal Medina dijo que «lamentablemente tenemos que denunciar que la situación no solo confirma las sospechas sino que las agrava».
Anunció que el Gobierno inició «acciones judiciales» tras constatar «una verdadera industria del juicio» en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, que involucra a jueces, abogados y mandos de ambas fuerzas.«Se avanzó en la denuncia penal respecto de retirados de la fuerza y efectivos que estarían implicados en alguna de estas maniobras», expresó por su parte Lorenzino.
«Hemos constatado, por lo que hay acciones judicial presentadas esta mañana, que las modalidad de pago presentaba deficiencias y están al borde de situaciones que son delictuales», sostuvo el jefe de ministros.
El jefe de Gabinete afirmó que «el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían sus haberes judicializados» gracias a un «festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas».
Asimismo, agregó que «los únicos que se van a ver perjudicados (con la aplicación del decreto) son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes, que son minoría».
Además, Lorenzino aseguró que a raíz de la supuesta liquidación errónea de haberes «se intervinieron las área que era menester intervenir». «Vamos a terminar con este desquicio administrativo», lanzó.
Mientras tanto, los efectivos de Gendarmería y Prefectura que desde la semana pasada se encuentra en conflicto con el Gobierno, esperan una respuesta «oficial» al petitorio presentado días atrás al Secretario de Seguridad, Sergio Berni. Entre otros puntos piden un salario básico de $ 7.000, poder elegir su obra social y la ART, además de la seguridad de que no habrá represalias por las jornadas de protesta.
Al respecto, uno de los voceros de los prefectos, el suboficial José Luis Cabañas, aseguró esta mañana que seguirán con el reclamo hasta tener una «respuesta favorable» a sus pedidos, aunque aclaró que tienen «fe de que todo va a salir bien».
Uno de los gendarmes que denunció haber sido desplazado días atrás, Raúl Maza, reiteró ayer que la decisión oficial de pasarlo a disponibilidad es parte de las «represalias» del gobierno nacional por la realización de la protesta.
En declaraciones a Radio 10, el efectivo explicó que la medida es «una represalia que no corresponde». «Somos ocho los sancionados, los que fuimos visibles y otros fueron amenazados», explicó Maza.
