Este viernes la jueza Mónica Lamperti dio lugar al pedido de habeas corpus de un grupo de vecinos del barrio República de la Sexta que denunció que, desde mayo pasado, fueron hostigados por las fuerzas de seguridad que cuidan el obrador del proyecto urbanístico de reconversión de la Ciudad Universitaria. Mostraron videos y dieron testimonio de que la Policía entró sin orden de allanamiento a sus casas, usó gas pimienta y les impidió reunirse en un club del barrio. Desde la Fiscalía rechazaron el pedido: explicaron que hay un memorandum de cómo deben proteger la zona y dijeron que hubo personas imputadas por lesiones a los uniformados, las que siguen su curso por la vía penal. “Advierto que hubo excesos”, dijo la jueza que accedió al pedido del defensor de los vecinos, Santiago Bereciartúa, y pidió a las fuerzas de seguridad y los distintos niveles del Estado que respeten el derecho a la libertad ambulatoria y a reunión.
Segunda instancia
El pedido de habeas corpus entró por primera vez a la Justicia provincial el 17 de noviembre. Fue rechazado por el juez Luis María Caterina, pero los vecinos apelaron la decisión que fue revista este viernes por la magistrada Mónica Lamperti.
Durante la audiencia mostraron entre 8 y 10 videos para respaldar los testimonios de vecinos sobre las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad en el barrio desde mayo último.
Los testigos contaron que hubo allanamientos sin órdenes de la Justicia y peleas donde la Policía usó gas pimienta y balas de fogueo.
También que les impidieron reunirse en distintos espacios del barrio. Muchos señalaron que el proyecto de reconversión de Ciudad Universitaria está en conflicto con parte de las tierras donde viven desde hace cinco generaciones.
Otra vía
La fiscal Karina Bartocci, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), contó que desde antes del mes de mayo la provincia y el municipio instalaron un obrador a pocas cuadras de La Siberia. Para cuidar a los trabajadores de la empresa constructora que avanza con edificios de viviendas y la conversión de calle Beruti en una avenida definieron un memorandum. El fin: evitar problemas con los vecinos. La fiscal pidió rechazar el habeas corpus y recordó que varios vecinos fueron imputados por lesiones al personal policial, entre otros delitos. “Este conflicto tiene una mejor respuesta en una denuncia penal por violencia institucional”, dijo Bartocci.
Definición
Después de ver los videos y escuchar los testimonios, la jueza Lamperti le dio la derecha a los vecinos e hizo lugar al pedido de protección. También ordenó a la Fiscalía investigar con los videos. “Las imágenes fueron elocuentes y evidentes donde se ven inconductas del personal policial”, señaló la magistrada en la audiencia pública.
La jueza ordenó informar a Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe de que fue interpuesto el habeas corpus colectivo y pidió garantizarles “su derecho a la libertad ambulatoria como así también se resguarde su derecho a reunión, siempre que los fines que se persigan no sean delictivos”.
Atrás
El conflicto entre el grupo de vecinos del barrio empezó con la construcción de nuevas casas y una avenida sobre la actual calle Beruti con una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Para hacerlo necesitan relocalizar a varias familias. Muchas están en terrenos de Nación. Si bien la mayoría aceptó mudarse y seguirá en el mismo barrio, un grupo no quiere hacerlo. Eso llevó a distintos enfrentamientos y protestas. Incluso frente al palacio de los Leones de la Municipalidad de Rosario.
En ese marco, Guillermo Piccolo, militante social del barrio, fue detenido el 14 de noviembre y lo imputaron por los delitos de entorpecimiento de transporte público, atentado a la autoridad agravado, incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad. Le habían impuesto la prisión preventiva por 43 días, una medida que la defensa apeló.
El militante fue llevado a la cárcel de Piñero, lo que levantó el rechazo de organizaciones sociales y políticas de Rosario. El 7 de diciembre fue liberado. La defensora Matilde Bruera explicó que no había motivos para que esté detenido porque no había peligro de fuga. Para ella, los argumentos de la Fiscalía apuntaron a criminalizar y judicializar el derecho a la protesta.
