El paro por tiempo indeterminado decretado ayer por trabajadores portuarios de Rosario y la región podría extenderse a una medida de fuerza de alcance nacional, a partir del recrudecimiento del conflicto salarial con Terminal Puerto Rosario (TPR). Por lo pronto las negociaciones de partes en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe no prosperaron y ya anunciaron despidos.
En el marco de un lunes de agotadoras reuniones, los representantes de TPR decidieron levantarse de la mesa de negociación y desde el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) decidieron no acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo para que los estibadores suspendan el paro y reanuden las actividades portuarias.
Este miércoles a las 10 habrá una nueva audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo. «Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero en estas condiciones de extorsiones y despidos de trabajadores, no pensamos levantar la medida de fuerza hasta que cada trabajador sea reincorporado y cerremos el acuerdo salarial correspondiente», avisó César Aybar, secretario general del Supa Rosario.
Los estibadores comenzaron a bloquear los portones de TPR desde el jueves de la semana pasada, cuando conocieron la decisión empresarial de no abonar el incremento salarial pactado. Al día siguiente se produjo la suspensión de los 600 trabajadores portuarios, que decidieron comenzar con un paro por tiempo indeterminado.
«Desde todas las partes, tanto ministerial como provincial y nacional, le están dando todas las herramientas y alternativas a la empresa para desactivar este conflicto. Ayer estuvimos prácticamente 12 horas negociando en el Ministerio de Trabajo. Y cuando habíamos arribado a un acuerdo y podíamos haberlo cerrado con las actas, la empresa tomó la decisión de levantarse y no firmarlas», lamentó Aybar.
«Lo que temíamos nosotros era que TPR quisiera recrudecer el conflicto. Ya nos comunicaron que empezaron a llegar los primeros despidos del personal. Hicimos una asamblea y les informamos a los trabajadores que este conflicto se va a levantar cuando reincorporen hasta el último compañero despedido. Ya estamos analizando realizar un paro portuario regional», anticipó el dirigente portuario.
En principio, la medida de fuerza regional no alcanzaría a los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes según aclaró Aybar. «Nosotros tenemos jurisdicción en Rosario, Alvear, Arroyo Seco y General Lagos. Ahí se realizarán las medidas de fuerza incluyendo las terminales cerealeras de Rosario. Será un paro regional y no descartamos el apoyo de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos. Lo que arrancaría como un paro regional seguramente se extenderá a un paro nacional, hasta tanto no se resuelva esta situación», manifestó.
TPR es una empresa cuyo control accionario está dividido entre una firma chilena de primer nivel llamada Ultramar y el grupo Vicentin, que protagonizó el más grande y escandaloso default del mercado de granos, dejando sin pagar 1.500 millones de dólares, y que tiene a todo su directorio imputado por estafa y administración fraudulenta.
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«Acá hay que decirlo clarito y sin pelos en la lengua. El problema no es el conflicto salarial. Lo que quieren las empresas Vicentin y Ultramar, que son los dueños de TPR, es presionar al gobierno provincial que exige obras de infraestructura por muelles caídos y clausurados. No han invertido un peso», denunció Aybar.
«También están buscando más años de concesión. Desde el Enapro, como integrante del consejo directivo en representación de los trabajadores, le pedimos a la empresa que presente un plan de inversiones que sea sustentable. Por contrato de concesión las obras debe hacerlas TPR», aclaró el secretario general de Supa Rosario.
Terminal Puerto Rosario le reclamaba a los estibadores que acepten una baja de las asignaciones y cargas sociales como condición para pagar la suba convenida, pero Supa rechazó la oferta por el temor a que al aceptar la baja de la cargas, la empresa active un plan de despidos.
La operadora portuaria manifestó previamente la necesidad de despedir 200 estibadores, de casi 1.000 empleados. Al conocerse el no pago del aumento, la comisión directiva del gremio decidió el pasado jueves iniciar los bloqueos pero manteniendo la gente que estaba trabajando en funciones.
La propuesta de TPR tiene todo el sello de Vicentin, uno de sus dos accionistas. Es que así como la agroexportadora santafesina financió su crecimiento con un crédito de 330 millones de dólares del Banco Nación que nunca pagó, ahora quiere financiar el aumento de sueldos con el dinero que dejaría de pagarle al Estado en las cargas sociales. Pero para que eso sea legal, necesita el aval del gremio.
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