La Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) manifestaron su preocupación por la extensión de un conflicto gremial que mantiene paralizadas las terminales portuarias del Gran Rosario y ya significa pérdidas por 400 millones de dólares.
Las entidades advirtieron que por esta medida desde el 1º de marzo está paralizada la exportación de distintos productos, pero especialmente los originados en el sector agropecuario, “ocasionando pérdidas al país por exportaciones imposibilitadas de despacho por un monto aproximado superior a los 400 millones de dólares”.
Las entidades señalaron que “en virtud de una controversia sindical ajena a la actividad agroexportadora, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) restringió la prestación de los servicios de amarre (los amarradores) y el embarque y desembarque de los prácticos tanto en los puertos marítimos como fluviales, “obstaculizando el movimiento portuario y obstruyendo las exportaciones desde las terminales del río Paraná”.
Advirtieron que, “a pesar de los esfuerzos de la Prefectura Naval por morigerar los efectos negativos de la medida de fuerza, el comercio internacional se encuentra bloqueado desde comienzos de mes, impidiendo ingresos fiscales, ocasionando costos improductivos y causando demoras a toda la cadena de logística involucrada”.
“Hasta el día de ayer, se calcula que alrededor de 85 barcos –unos en el río a la espera de ser amarrados y otros a la espera de poder zarpar– se ven perjudicados, sólo en el sector agroexportador, por la acción sindical”, afirmó el comunicado.
También se indicó que, “como consecuencia, la pérdida estimada solamente por costos improductivos de los buques o lucro cesante asciende a aproximadamente 5 millones de dólares, durante los primeros ocho días del corriente mes”.
Raíz del conflicto
El conflicto comenzó en enero pasado y tiene que ver con un planteo gremial para el reconocimiento de un convenio colectivo de trabajo que, según fuentes sindicales, no es reconocido por la cámara empresarial del sector.
El planteo tiene que ver con la duración de ocho horas de la jornada laboral, y también con que se contemplen los días feriados, pero nada de esto fue aceptado y, en medio de un paro en enero, el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó una conciliación obligatoria durante la cual no se pudo destrabar el conflicto, que ahora recrudeció.
