Los conflictos entre los Estados, sectores sociales y las grandes empresas mineras se multiplicaron en los últimos años por el crecimiento de esa actividad y el mayor poder económico de las compañías del sector, situación que ahora vuelve a conmover a Australia, un país clave en el mapa de esta industria extractiva.
“El creciente poder de intereses egoístas está afectando nuestra igualdad y amenaza a nuestra democracia”, enfatizó el viceprimer ministro y titular del Tesoro australiano, Wayne Swan, en una durísima crítica a los grandes magnates de la minería locales.
El embate tuvo nombre y apellido: apuntó contra Andrew Forrest y Gina Rinehart –quienes disputan el puesto por las personas más ricas de Australia– junto con Clive Palmer, conocido como “rey carbón”, todos ellos líderes de la actividad minera en la isla.
Según publicó la agencia Reuters, Rinehart cuenta con una fortuna que se estima en 18 billones de dólares y, además de empresas mineras, entre otras compañías, maneja el 10 por ciento de la cadena de televisión Ten Network y la mayoría accionaria en Fairfax Media, el mayor conglomerado de prensa escrita en el país.
La base de la disputa está ahora en un nuevo impuesto del 30 por ciento que la gestión de la laborista Julia Gillard busca poner en marcha el próximo 1º de julio para la producción de hierro y carbón, dos de las mayores exportaciones de aquel país.
El viceprimer ministro cuestionó con dureza “las feroces y muy engañosas campañas” impulsadas en los últimos años por el sector minero contra aumentos impositivos para el sector.
La historia viene de 2010, cuando el ex primer ministro Kevin Rudd –también laborista– quiso imponer un impuesto a las “súper ganancias” mineras, del orden del 40 por ciento.
Las empresas del sector, según publicó el diario The Sydney Morning Herald el año pasado, gastaron 22 millones de dólares en una campaña pública por medios audiovisuales para atacar el proyecto de impuesto.
La campaña se extendió durante seis semanas y fue un factor clave para forzar la renuncia de Rudd, quien le dejó su puesto a la dirigente de su mismo partido Gillard.
Al asumir, Gillard negoció una reducción en la alícuota del proyecto inicial para las grandes compañías mineras, aunque ahora enfrenta una nueva turbulencia, por su iniciativa de crear un impuesto al hierro y al carbón.
Entre las compañías que estuvieron involucradas en la campaña se encuentran Río Tinto –que en la Argentina opera en Salta a través de Borax Argentina SA y BHP Billiton– con emprendimientos en Chile.
“Las infames protestas de los billonarios contra el impuesto minero, habrían provocado risa en la Australia en la que yo crecí, y sin embargo tuvieron una recepción favorable hace dos años. Un puñado de intereses egoístas han sumado una desproporcionada fracción del éxito económico de la nación y ahora sienten que tienen el derecho de darle forma al futuro de Australia para satisfacer sus propios deseos”, se quejó el viceprimer ministro Swan.
La primera ministra Gillard respaldó a su segundo, al enfatizar que basó sus críticas en la “tradición laborista” y destacó que su objetivo es lograr con un crecimiento que sea “justo”.
Gillard le pidió a los “muy muy ricos” que puedan “compartir la visión” de su gobierno.
El nuevo conflicto impositivo con el sector minero australiano es una muestra más de los chispazos que provoca alrededor del mundo la floreciente industria extractiva, que a su vez aumenta su poder e influencia.
El “boom de los commodities” impacta así a través de disputas de distinto tipo en cada uno de los territorios, en el ámbito social y político.
En cada país, la orientación que tomen los conflictos, así como la forma de resolución y los acuerdos que se logren entre Estado, sociedad y sector privado, serán claves para definir si podrá haber crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad ambiental.
