El fomento de la agroecología, por su carácter sustentable en lo social, económico y ambiental, es el eje de un proyecto de ley presentado la semana pasada para la protección de los desarrollos existentes y la promoción y acompañamiento de las nuevas producciones a partir de incentivos fiscales de acceso al crédito.
La iniciativa -que lleva la firma de los diputados nacionales del Frente de Todos Leonardo Grosso (Buenos Aires) y José Ruiz Aragón (Corrientes)- postula a la agroecología como un sistema integral y dinámico de producción, comercialización, agroindustrialización y consumo de alimentos.
Según los legisladores, la agroecología convive con el ambiente y garantiza una producción rentable, limpia y saludable de cara a garantizar la soberanía alimentaria y que el Estado debe proteger y acompañar este proceso.
Para el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, «la agroecología cumple con dos condiciones: Soberanía alimentaria y cuidado ambiental; es una oportunidad en ese tránsito hacia la producción que contemple la riqueza de la tierra y el cuidado ambiental».
Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, consideró que la iniciativa apunta a contar con «un nuevo paradigma» en la producción primaria, debido a que «no se puede producir a cualquier costo».
«Con el tiempo desde nuestra sociedad comenzó a vislumbrarse que el único motor que puede tener una producción agropecuaria no puede ser la producción de un bien al menor costo económico con la generación de la mayor rentabilidad», dijo Basterra durante un acto celebrado el miércoles pasado en Corrientes, en el que se presentó la iniciativa.
El proyecto contempla la creación de un Código de Identificación de las Producciones Agrícolas para promover la certificación participativa de las producciones agroecológicas, de manera de asegurar la certificación en procesos y productos de circulación nacional.
Asimismo, incluye el etiquetado de los productos agroecológicos para un consumo responsable que garantice el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles.
«Esta ley pretende resolver uno de los principales problemas ecológicos de la Argentina que es la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos y desmontes», dijo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, quien subrayó que «natce desde el corazón de las organizaciones campesinas e indígenas que son las que construyeron una forma de resistencia a un modelo que los desvalorizaba, que los dejaba al margen».
Por su parte, Ruiz Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, aseveró que «la agroecología no es solo una palabra; el Estado es fundamental en la promoción de políticas públicas para construir un modelo alternativo, no como contraposición, sino como un camino diferente para los productores que elijan este camino».
Además, busca promover el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva agroecológica que alcance a todos los ámbitos de la educación formal y no formal.
Por otra parte, propone la creación de un Programa de Fomento de Investigación, Extensión y Experimentación con el foco puesto en desarrollar tecnología apropiada adaptada a la producción agroecológica, a través de un trabajo conjunto con el INTA, INTI, Universidades Nacionales, Conicet y otras.
Con relación al acceso al crédito, prevé que el Estado garantice incentivos fiscales para los productores que, de forma individual, colectiva o asociativa, lo requieran para el sostenimiento o mejora de la producción agroecológica, así como para iniciar un proceso de transición.
También propone la firma de acuerdos para la creación de mecanismos de seguro económico de las experiencias individuales, colectivas o asociativas de transición a sistemas agroecológicos que den seguridad y sostenibilidad económica a los procesos.
Finalmente, incluye la creación de un Fondo Nacional de Fomento a la Agroecología: Integrado por sumas del presupuesto general de la Nación y subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales.
