Fuerzas de seguridad de San Luis encontraron en la tarde de este viernes el cadáver del trabajador rural Alejandro Jesús Ochoa, quien permanecía desaparecido desde el sábado anterior. Ese día, personas encapuchadas lo abordaron, lo golpearon hasta la inconsciencia y se lo llevaron en un vehículo. El cuerpo estaba en un paraje ubicado a dos kilómetros de la localidad de Cortaderas, en una zona que ya había sido rastrillada por la Policía. Los familiares de la víctima sospechan que los restos fueron «plantados», y denunciaron falta de colaboración policial desde el momento en que quisieron hacer la denuncia de la desaparición violenta del hombre.
A Ochoa le decían Bebo, y tenía 35 años. Sus cuatro hermanos confirmaron que el cuerpo fue hallado alrededor de las 14.50 del viernes en una obra en construcción del paraje El Adobe. Es a 150 metros de la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 17. Lo extraño es que ese lugar había sido rastrillado con intensidad por los efectivos y canes adiestrados durante los días anteriores.
Voceros policiales informaron a Télam que el lugar del hallazgo está a unos 192 kilómetros de la capital puntana y que el operativo fue realizado por orden de la jueza del Crimen de la 3° Circunscripción Judicial de San Luis, Patricia Besso, quien originalmente había caratulado la causa como «averiguación privación ilegítima de la libertad».
La magistrada supervisó personalmente los peritajes en el paraje y ordenó que el cuerpo, reconocido por los cuatro hermanos del trabajador rural en base a tatuajes, tobillera y ropa, porque estaba en avanzado estado de descomposición, sea trasladado a la morgue judicial para la autopsia y así determinar las causas y la mecánica de la muerte. El cuerpo, en principio, presenta signos de violencia.
Ivana, una de las hermanas de Ochoa, hizo referencia al lugar del hallazgo ante medios de prensa: «No puede ser que no lo hayan encontrado cuando habían estado rastrillando la zona con hombres y con perros», dijo, y lanzó su sospecha de que el cuerpo haya sido «plantado» unos dos días antes en el sitio.
La jueza Besso había dicho a través de un comunicado que la reconstrucción de la captura de Ochoa se iba a llevar a cabo «la semana próxima». Será con dos personas que se encontraban con la víctima en el momento del secuestro, consideradas «testigos esenciales» por la magistrada, quien ya les tomó declaración.
Los investigadores constataron que las cámaras de seguridad instaladas en las rutas de la zona donde encontraron el cadáver no funcionan.
Ochoa vivía en la zona rural de Cortaderas, en una precaria vivienda, y se dedicaba a la crianza de animales y a la venta de arrope. Los testigos señalaron que el sábado 27 de marzo llegaron hasta allí dos automóviles blancos con vidrios polarizados: un Gol Trend y una Saveiro. De los vehículos bajaron varios hombres armados y encapuchados que golpearon a Ochoa hasta dejarlo inconsciente, lo ataron y se lo llevaron.
La Policía no les hizo caso y hasta los amenazó, dijeron los hermanos
Sus cuatro hermanos, Ivana, Cristian, Gabriela y Fernando fueron hasta la subcomisaría 22 de Cortaderas a efectuar la denuncia en forma inmediata, pero, se quejaron, los efectivos respondieron que no tenían personal ni medios para hacer una búsqueda y que esperaran unos días para ver si aparecía.
El caso trascendió a medios locales y nacionales, y fue entonces que, desde el pasado miércoles, más de un centenar de policías a cargo del comisario general Dionisio Funes, jefe del Departamento de Operaciones de la Policía de San Luis, desplegaron la búsqueda del trabajador rural, sin resultados positivos.
Los familiares, amigos y conocidos de la víctima protestaron por la falta de apoyo en la búsqueda y hasta realizaron un corte de la ruta provincial 1, a la altura de Cortaderas.
Los allegados de Ochoa afirmaron que, otra vez, sufrieron el ninguneo de las autoridades. En este caso, de las municipales, quienes –dijeron– les pidieron levantar el corte «porque hay mucha circulación vehicular por la gran cantidad de turistas que se encuentran en el Valle del Conlara».
En su desesperación, los familiares llegaron a entregarle una carta al intendente de Cortaderas, Mario Canalli, para que se la hiciera llegar al gobernador Alberto Rodríguez Saá con el pedido de ayuda y de que no se abandonara la búsqueda.
Ivana denunció además que efectivos policiales los habían amenazado por el corte de la ruta, tras aclarar que las manifestaciones para reclamar mayor empeño en el despliegue fueron «pacíficas».
Ramona, la madre de Ochoa, pidió en el mismo sentido, y llorando, al gobernador Rodríguez Saá que los ayude. Que no los dejen «de lado porque somos pobres», clamó la mujer.
