Por Javier Borelli / Tiempo Argentino
Los recursos sanitarios de todo el país quedarán bajo la coordinación del Estado nacional, de modo de garantizar la atención médica de los argentinos durante el pico de la pandemia. La decisión ya fue tomada por el gobierno y consensuada con los efectores de salud privados, con quienes hace semanas comparte una mesa de diálogo organizando una respuesta conjunta ante el avance del Covid-19. Los documentos a los que accedió Tiempo plantean la creación de un registro en el que todos los centros de salud deberán informar la disponibilidad de sus “camas críticas” para que cada jurisdicción pueda decidir dónde derivar a los infectados según la necesidad de su cuadro clínico. En caso de que alguien sin cobertura deba ser atendido en el sistema privado, el Estado se hará cargo del costo.
El texto que define “la articulación con el sector privado y de la seguridad social” ya fue escrito y será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial. Restan definir, entre otros detalles, si será un decreto como planteaban inicialmente en el Ministerio de Salud, o si alcanza una resolución apoyada en la normativa vigente. Basta recordar que la cartera liderada por Ginés González García es autoridad de aplicación del decreto 260 que declaró la emergencia sanitaria.
Esta línea de acción fue consensuada con la gran mayoría de los efectores privados al comenzar el aislamiento social obligatorio y nunca se modificó, a pesar del pataleo mediático de algunas empresas de medicina prepaga a principio de mes, cuando Ginés anunció la intención de declarar de “interés público” a todo el sistema sanitario. “Ya sabían de qué se trataba y aún así poco más me acusan de bajar de Sierra Maestra para hacer la revolución”, plantea en su círculo el ministro más escuchado por Alberto Fernández en el marco de la pandemia. Quizás por eso, en tono jocoso, el presidente se refirió a él como el “Comandante Ginés” en la conferencia de prensa en la que oficializó la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril inclusive.
Este acuerdo de articulación público-privada forma parte de un marco normativo más amplio que también verá la luz en abril y que busca preparar al sistema sanitario para el momento de mayor presión, previsto para fines de mayo. Entre otras cosas, se simplificará la habilitación de los nuevos hospitales de campaña, se acelerará la entrega de matrículas para que unos cinco mil egresados de las facultades de Medicina puedan sumarse a la atención de infectados, y se facilitarán procedimientos para revalidar títulos obtenidos en el extranjero. También, en acuerdo con las asociaciones profesionales, se capacitará a médicos para que puedan reforzar las unidades de cuidados intensivos y a personal paramédico para que pueda subirse a las ambulancias. Hoy las unidades de traslado cuentan con doctores experimentados que en los momentos de mayor demanda deberán bajar a los hospitales para atender pacientes.
“Todos estamos desesperados por los insumos y el equipamiento, pero la distribución del conocimiento es mucho más importante para buscar equidad en momentos en los que hay poca bibliografía”, aseguran en el entorno de González García. Por eso también se ultima un protocolo para la atención de pacientes en estado crítico que incluye definiciones bioéticas, como adelantó ayer La Nación.
En el área que corre contrarreloj para “alistar” al sistema de salud se trabaja siguiendo una frase de cabecera del ministro: “La medicina es un arte y una ciencia, porque hay lugares donde la ciencia no llega y uno tiene que hacer lo que diga el arte”. En esa línea ya arrancaron ateneos virtuales semanales en los que los especialistas comparten casos clínicos. Esta semana, además, entrará en funcionamiento el “botón rojo”, un dispositivo que estará a disposición de todos los integrantes de las 800 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para pedir asesoría inmediata de un grupo de expertos. Allí, además de profesionales médicos disponibles para la consulta, habrá atención psicológica para acompañar a las personas en esta crítica coyuntura.
Por último, mientras Salud forma a los “reservistas” que reemplazarán a los médicos que se contagien (ver aparte), en la cartera de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, preparan una normativa que incluirá al Covid-19 entre las enfermedades profesionales que cubren las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
Fondo de equidad
Hace poco más de cuatro meses, Salud era apenas una Secretaría que dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy, por decisión de Alberto Fernández, es la cartera más influyente del gabinete.
Para atender a las necesidades de esta pandemia, el Ministerio se ha organizado en dos grandes grupos. Uno, coordinado por la especialista en epidemiología Carla Vizzotti. La secretaria de Acceso a la Salud, que todas las mañanas tiene a cargo el informe sobre el avance del virus, es la estratega detrás del diseño de las medidas que se han ido tomando. Su tarea más importante es mantener baja la curva de contagios y ganar tiempo para que el otro grupo pueda preparar el sistema sanitario.
Ese segundo grupo está coordinado por el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, que trabaja junto al secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso. Ellos son los que vienen participando de la mesa de diálogo con las clínicas privadas, obras sociales y prepagas. De esos encuentros también participa la Superintendencia de Servicios de Salud. De allí surgieron, por ejemplo, los créditos blandos para el sistema médico privado y las exenciones impositivas para importar bienes e insumos. Ahí también se acordó la creación del “Fondo de Equidad”, un recurso que permitirá pagar a los efectores privados por la atención médica de los pacientes sin cobertura.
En el Ministerio se habla del “módulo Covid-19” y, en los hechos, funcionará de manera similar al sistema de seguridad social. El Estado pagará a los privados un monto determinado por las prestaciones necesarias para la atención de los pacientes infectados. Ese módulo contemplará diferencias según el cuadro del paciente, que puede requerir desde internación para aislamiento hasta cuidados intensivos.
Esta articulación público-privada, que algunos sectores corporativos quisieron hacer pasar como “expropiación”, seguirá los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud nacional, pero funcionará en coordinaciones de cada jurisdicción entre los actores locales. De hecho, esto ya ocurre en tres provincias: Catamarca, Corrientes y Tierra del Fuego.
Esta última, que tiene la tasa más alta de contagio en el país (65 infectados cada 100 mil habitantes), sirve como ejemplo para ilustrar lo que viene. En Ushuaia se acordó que el Hospital Regional, de gestión pública, recibirá todos los pacientes con coronavirus. Si se colmara su capacidad, se sumaría la clínica privada San Jorge. Y si tampoco fuera suficiente, se agregaría el centro de atención que se está acondicionando en el polideportivo “Cochocho Vargas”. Como aseguró el doctor Carlos Sánchez Posleman, director de la clínica San Jorge, al portal Argentina Online, “puede haber efectores públicos y privados, pero la salud pública es una sola”.
Cómo funcionará el sistema de «reservistas»
En la Secretaría de Calidad en Salud, donde se coordina la respuesta del sistema sanitario para el pico de la pandemia, se utiliza lenguaje bélico. “Nos preparamos para una guerra”, aseguran mirando lo que sucedió en otros países. Saben que tendrán “bajas” por contagio en el “frente”, que obligarán a equipos médicos enteros a entrar en cuarentena, y para ello están organizando “reservistas”.
De hecho, el primer ejemplo de cómo funciona este sistema ya se está dando en Chaco, la provincia que registró el primer caso de transmisión comunitaria en el país. En esa provincia, donde por el clima es menos habitual la enfermedad respiratoria aguda, también se detectaron los primeros casos de médicos contagiados, y por eso el gobierno nacional salió en su apoyo. Según contaron a Tiempo desde el Ministerio, primero se enviaron dos epidemiólogos y luego un infectólogo para organizar el sistema de salud. La semana pasada se sumaron 21 médicos y diez kinesiólogos que pueden trabajar en terapia intensiva. A ellos se les sumará un grupo de enfermeros que está terminando su capacitación y un director de hospital para organizar la central de derivaciones.
